El PRO saca números para la composición de las salas del juicio político

El pedido a la Legislatura porteña por parte del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, para que inicie un Juicio Político por la causa de las escuchas, disparó ayer un sinfín de escenarios posibles frente a la cantidad de diputados oficialistas y de la oposición que conforman las salas acusadora y juzgadora, que podrían dictaminar su destitución.

La Constitución de la Ciudad prevé en su capítulo cuarto, artículos 92, 93 y 94, la instancia del Juicio Político a la que acudió el macrismo para responder a la crisis institucional que denunciaron las fuerzas del arco opositor en la Ciudad tras la confirmación por parte de la Cámara Federal de su procesamiento.

En ese marco, el texto de la Carta Magna sostiene que "la Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes” a un jefe de Gobierno.

Para ello, fija que "cada dos años y en su primera sesión, la Legislatura divida por sorteo" en una sala acusadora integrada por 45 miembros y en una sala de juzgamiento, compuesta 15, "respetando la proporcionalidad de los partidos o alianzas”.

Además, dispone que la sala acusadora "nombre en su primera sesión una comisión para investigar los hechos en que se funden las acusaciones”, la cual deberá contar con trece miembros que son los que elaborarán un dictamen.

Esta resolución debe ser expuesta ante el resto de los diputados de la sala acusadora para resolver "si da o no curso a la acusación”, instancia que requiere del "voto favorable de los dos tercios de sus miembros”.

Frente a ello, los macristas analizaron que cuentan con 19 legisladores dentro de esa sala, con lo cual la oposición suma los 26 lugares restantes que no alcanzarían, en una hipotética votación del dictamen, a los dos tercios necesarios establecidos en 30.

Sin embargo, la Constitución prevé que en el caso que el dictamen sea aprobatorio, "el acusado queda suspendido en sus funciones, sin goce de haberes” y se da marcha a la sala de juzgamiento que "debate el caso respetando la contradicción y la defensa”.

"La condena se dicta por mayoría de dos tercios de sus miembros y tiene como único efecto la destitución, pudiendo inhabilitar al acusado para desempeñar cualquier cargo público en la Ciudad hasta diez años”, advierte.

De acuerdo al sorteo efectuado a inicios de año, la sala acusadora está integrada por los diputados Daniel Amoroso, Fernando de Andreis, Jorge Garayalde, Álvaro González, María Herrero, Gerardo Ingaramo, Diana Martínez Barrios, Oscar Moscariello, Martín Ocampo, Enzo Pagani, Carmen Polledo, Cristian Ritondo, María Eugenia Rodríguez Araya, Lidia Saya, Bruno Screnci Silva, María Spalla, Carolina Stanley, Avelino Tamargo, Marta Varela, Oscar Zago.

Además, están Fabio Basteiro, Delia Bisutti, Adrián Camps, Laura García Tuñón, Rafael Gentili, Julio Raffo, Juan Pablo Arenaza, Diana Maffía, Adriana Montes, Rocío Sánchez Andía, Gabriela Alegre, Juan Cabandié, María José Lubertino Beltrán, Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova.

Completan Aníbal Ibarra, María Elena Naddeo, Raúl Puy, Diego Kravetz, Silvina Pedreira, Mateo Romeo, Rubén Campos, Raúl Fernández, Martín Hourest y Marcelo Parrilla.

En tanto, la sala de Juzgamiento está a cargo de Martín Borrelli, Patricio Di Stefano, Alejandro García, Mónica Lubertino, Victoria Morales Gorleri, Helio Rebot, María América González, Jorge Selser, Sergio Abrevaya, Fernando Sánchez, Julián D`Angelo, Eduardo Epszteyn, Francisco Nenna, Claudio Palmeyro y Claudio Presman.