Denuncian que arrojaban cuerpos en una cantera de yeso
El director del Hospital Público de San Rafael, Teodoro Schestakow, denunció ayer que el hijo de un ex comisario de
Armando Dauverné, director del hospital público de San Rafael y quien en 1976 sufriera la detención de su padre y al tiempo las de su hermana y su cuñado, declaró ayer en el juicio oral que se sigue contra cinco ex policías y militares por la desaparición de los ex miembros de
En su declaración, de más de dos horas, el médico le aseguró a los miembros del Tribual II de Mendoza que Loyola le dijo "en cuatro oportunidades que los cuerpos eran arrojados en una mina de yeso ubicada en el departamento sureño de Malargüe, que era propiedad de la familia Casado y explotada por maquinarias de la conocida empresa de venta de materiales para la construcción FGH".
Dado que esta acusación ya ha sido desmentida por Loyola en el juicio oral, Dauverné pidió a los magistrados "que se haga un careo" entre ambos, "porque quien oculta la verdad de lo que ocurrió en épocas de la dictadura es cómplice".
La aparición de los restos de personas desaparecidas es la gran esperanza de los familiares de las víctimas en este juicio oral, que desarrolló su décima jornada de debate, por lo cual ya se adelantó la convocatoria del grupo de Antropología Forense para inspeccionar el lugar recorrido donde también se sospecha del arrojado de cadáveres en la zona denominada Usillal, en las inmediaciones de San Rafael.
El director del hospital especificó además saber de la existencia de un pozo de agua en el edificio donde funcionó el D2 de San Rafael, donde habrían sido arrojados elementos de los detenidos y luego tapado con cemento, por lo que la semana que viene el lugar sería inspeccionado por las partes.
Asimismo, dijo que mientras sus familiares estuvieron detenidos en varias oportunidades fue convocado a la municipalidad por el Mayor Luis Suárez (ya fallecido), con la excusa de que vería a algunos de sus familiares pero que luego fue golpeado.
Por último, afirmó que su madre fue amenazada hace algunos meses por el ex policía Juan Labarta, quien le dijo "que tuviera cuidado con lo que hablaría en caso de ser citada al juicio".
Lavarta es uno de los cinco imputados por "homicidio calificado por alevosía y asociación ilícita" junto el ex comisario Martín Mússere, quien era el enlace con los militares; Raúl Ruiz Soppe, ex jefe de
El tribunal a cargo de Roberto Burad pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo cuando se continúe con las testimoniales e inspecciones programadas.