Sobreseyeron al ex juez Urso
El juez federal Claudio Bonadío sobreseyó a su ex colega Jorge Urso, a un ex secretario de este magistrado, al abogado Victor Stinfale y a tres policías federales en una causa donde fueron denunciados por un supuesto pedido de sobornos para excarcelar detenidos.
La denuncia había sido presentada en el 2002 por el entonces camarista de la sala I Gabriel Cavallo, luego de recibir un testimonio referido a que Stinfale habría pedido entre diez mil y 50 mil pesos a la familia de un detenido en una causa por adulteración de combustibles que llevaba el secretario Oscar Aguirre, del juzgado de Urso.
La decisión de Bonadio benefició además a los policías federales Osvaldo Mateo, Alejandro Ortega y Marcelo León, según la resolución difundida ayer .
Según la denuncia, la hermana de un detenido en la causa por adulteración de combustibles, Paula Acerboni, habría asegurado que Stinfale pedía dinero para pagar en el juzgado y obtener la excarcelación.
Pero Bonadío, en una extensa resolución de medio centenar de carillas, aseguró que "no pudo probarse en la pesquisa la existencia de pedido dinerario ni pago alguno".
Los hechos denunciados "sólo fueron sospechas introducidas por la denuncia que no fueron en modo alguno corroboradas por las pruebas recolectadas durante la instrucción", apuntó Bonadío en la resolución firmada antes del inicio de la feria judicial de invierno.
Para el juez "de haber existido el pedido dinerario formulado por Stinfale a la familia Acerboni -hecho que ya ha sido analizado en esta resolución y que no se ha confirmado-, tampoco ha sido probado que en el mismo hubieran intervenido, por acción u omisión, los funcionarios" cuestionados.
"Ha sido mencionado también, como elemento de sospecha, el hecho de que el doctor Urso tuviera a la firma dos resoluciones en sentidos opuestos, esto es, una que disponía el procesamiento de los encartados que incluía el dictado de prisiones preventivas respecto de algunos de ellos, y otra sin éstas", agregó Bonadio.
Y evaluó que "al respecto, es sabido que es una práctica forense habitual de los tribunales penales, presentar a consideración de los funcionarios o magistrados llamados a resolver, y ante situaciones procesales de cierta complejidad, alternativas que son plasmadas en proyectos de autos o resoluciones; de por si tales circunstancia no deben llamar la atención".
"Es un hecho común, que cuando no se tiene una decisión terminante y en el proceso intelectual de su toma se proyecten estas alternativas, algunas de las cuales pueden llegar a ser contradictorias", concluyó.
Cavallo había aludido al formular la denuncia a la "dudosa iniciación de la causa, los peritajes que variaron en el tiempo, el criterio jurídico sustentado en la resolución de mérito por la que se impusieran prisiones preventivas, y la circunstancia de que alguno/s de los encausado/s manifestaran que era orden expresa del Tribunal el mantenerlos alojados en la vulgarmente llamada "villa" de la entonces Unidad N° 2 del Servicio Penitenciario Federal".
Todos estos elementos fueron descartados por Bonadío, en base a las declaraciones tomadas en la causa, escuchas telefónicas y el curso que tuvo la pesquisa por la adulteración de los combustibles.
Tras esta denuncia Aguirre renunció a su cargo y se volcó a la abogacía, algo que tiempo después también hizo Urso mientras que actualmente Cavallo también trabaja como letrado particular, y entre sus clientes tiene a la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en la causa que intenta determinar si sus hijos adoptivos son hijos biológicos de desaparecidos.
Stinfale, por su parte, espera ser sometido a juicio oral procesado por el delito de "peculado" a raíz de haber consentido y tramitado el pago ilegal de 400 mil dólares a cambio de una declaración que recibió en 2005 su cliente Carlos Telleldín, principal acusado entonces del atentado a