Expropiarán el Jardín Municipal
Quieren declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación al Jardín Maternal Municipal ubicado en el centro de la ciudad, y que fue fuente de polémicas estas últimas semanas ante los anuncios de traslado o cierre de la institución.
Mediante un proyecto de ordenanza y firmado por concejales de los bloques Frente Progresista, Social por Córdoba y Frente Cívico y Social buscan terminar definitivamente el problema, garantizando de este modo la educación y los derechos de los niños que asisten al centro, y devolviendo a la educación un espacio que, consideraron, se encuentra cuestionado.
En este sentido los ediles señalaron que el Centro Infantil Ignacio Garzón es parte de la historia educativa y social de Córdoba, y que por ello no debe ni puede renunciar a su obligación de educar, “que es un derecho que todos los ciudadanos tienen en su calidad de personas”.
Recordemos que hace varias semanas padres y docentes del Jardín realizaron reclamos, e incluso se hicieron presentes en el Concejo Deliberante, para que se evite el traslado de la institución a la que asisten alrededor de cien niños cuyos padres se desempeñan en trabajos informales en el centro de la ciudad, como por ejemplo cuidacoches, cartoneros, naranjitas o changarines.
En aquellas oportunidades los ciudadanos informaron que el municipio no pagaría el alquiler desde el año 2007, y que habían sido notificados de la posibilidad de trasladar el centro a otra zona, lo que complicaría la posibilidad de traslado de estas familias que trabajan en el centro y no tienen un elevado ingreso económico.
De este modo los concejales señalaron que “el Estado ocupa el lugar central en la definición e implementación de políticas públicas dirigidas a la infancia” y que por ello deben, como mínimo, restituir los derechos afectados con esta situación.
Además se respaldaron en los diferentes tratados internacionales que están avalados por nuestra Constitución Nacional y que por lo tanto deben respetarse, tales como
Se prevé que la iniciativa sería aprobada ya que fue firmada por las concejales Susana Frosi, Teresa Saravia y María Virginia Pagnanini, integrantes de los tres bloques políticos mencionados (y que anteriormente conformaban el juecismo), y también por el edil independiente Fernando Masucci, por lo que contaría con la mayoría necesaria para su sanción.
Antecedentes
Recordemos que la semana pasada tomo estado parlamentario otro proyecto relativo a este problema, presentado por el concejal Juan Manuel Rufeil del bloque Unión por Córdoba.
El mismo era un pedido de informes en el que se consulta al Departamento Ejecutivo Municipal desde que fecha el municipio adeuda el alquiler del inmueble donde funciona el Jardín, que está situado en el centro de la ciudad.
En el expediente el edil también pide que se especifique cual el monto adeudado, ya sea por los alquileres vencidos, los intereses por mora, o en cualquier otro concepto.
Asimismo el concejal justicialista pide al ejecutivo que dé explicaciones sobre por qué se dejó de pagar la renta hasta producir la deuda actual, y además pregunta si existe una orden de desalojo del inmueble.
Por último Rufeil consulta si ya se han buscado otros locales alternativos para trasladar el Jardín Maternal Municipal en caso de que sea imposible continuar en el domicilio actual, para que de este modo la institución no se vea obligada a dejar de funcionar.
En este sentido el edil explica que a esta institución educativa asisten niños cuyos padres se desempeñan en trabajos informales en el área central, por ejemplo como cuidacoches, cartoneros, naranjitas o changarines, y que carecen de las posibilidades económicas de acceder a jardines privados para sus hijos.
“La gravedad de la situación radica en que estos 100 niños carecientes podrían quedar sin la posibilidad de reubicarlos, en caso de que se opte por el cierre definitivo del establecimiento, lo cual acarrea negativas consecuencias para los padres que cuentan como única opción con este Jardín Maternal, donde enviar a sus pequeños” explica Rufeil.
Por último el concejal justicialista señaló la gravedad del incumplimiento por parte del Estado Municipal, que según trascendidos rondaría los dos años sin pagar el alquiler.