Proponen la reinserción de adictos rehabilitados

Los legisladores Sara Díaz de Malone y César Serra del bloque del Frente Cívico y Social (FCyS) presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de Córdoba para insertar laboralmente a las personas que fueron adictas a las drogas y que están rehabilitadas, a partir de subsidios a los empleadores que cubrirán parte del salario.

Para ello el Poder Ejecutivo será el encargado de determinar el porcentaje del subsidio al empleo de estas personas en forma de incentivo para los empleadores que se adhieran a este programa.

También deberá establecer un cupo obligatorio de plazas laborales en los organismos de la provincia que serán ocupadas por los destinatarios del proyecto de ley.

Asimismo la iniciativa dispone que la Secretaría de Trabajo de la provincia, que será la autoridad de aplicación, deberá establecer un reglamento específico determinando las pautas de la relación laboral especial entre empleadores y empleados rehabilitados de la drogadicción, estableciendo los horarios de trabajo y los requisitos de ingreso.

Los legisladores calificaron a la drogadicción como “la pandemia de nuestros tiempos” y si bien reconocieron la posibilidad de la rehabilitación de las personas sometidas a este flagelo, aseguraron que “en la mayoría de los casos el gran problema que aqueja al paciente recuperado es su reinserción a la sociedad”.

“En tal sentido podemos aseverar que es preferible abrir puertas a las empresas que abrir las de las cárceles y para ello deben instrumentarse formas o sistemas laborativos que fomenten al empleador a utilizar personal que se encuentre habilitado para poder acceder a cargos conformes a sus posibilidades de habilidad laboral”, explicaron en los fundamentos del proyecto.

Finalmente señalaron que “con esos fines se propone un programa de reinserción laboral que a modo de estímulo ofrece a los empleadores una compensación de tipo económica, que en este caso consiste en un subsidio para cubrir parte del salario del trabajador adicto rehabilitado”.

“No hay recuperación sin crecimiento, aprendizaje ni cambios en los estilos de vida; la política sanitaria consiste en la intervención del estado para garantizar la equidad y tiene como objetivo fundamental mejorar el estado de salud de la población”, reflexionaron los parlamentarios juecistas.