En un fallo ejemplar la Justicia rechazó el conteo voto a voto
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) resolvió por unanimidad y dentro de un marco de previsibilidad, rechazar el pedido de la Alianza del Frente Cívico y Social para que se realice un recuento generalizado de sufragios a urna abierta y voto por voto; tirando por tierra las denuncias mediáticas y apocalípticas de fraude por parte del intendente de la ciudad Luís Juez.
El Alto Cuerpo señaló escuetamente que el conteo voto a voto de la totalidad de las urnas abiertas “sólo está confiado a las autoridades de mesa, quienes así lo han efectuado y no ha sido motivo de impugnación alguna por los recurrentes”.
“Con ello, se estaría generando un desapoderamiento de los resultados legítimos de los ciudadanos que han votado de una manera determinada y de varios miles de ciudadanos que cívicamente han cumplido con roles de funcionarios públicos certificando con su rúbrica información electoral precisa”, enfatiza la resolución.
Asimismo, el TSJ aclaró que el registro de datos que concretó el Correo Argentino -cuestionado por el juecismo- “sólo generó un mero cómputo provisional tendiente a acercar a los partidos y a la sociedad en su conjunto una información respecto de las mesas escrutadas”. Este conteo carece de valor jurídico y cualquier error en él constatado quedará salvado con el escrutinio definitivo que se lleva a cabo (por décima jornada) ante el Juzgado Electoral Provincial.
La resolución, que dista mucho de ser una verdadera “mariconeada”, manifiesta que la ley electoral permite que la apertura de urnas sea realizada “acotadamente a las mesas en donde se adviertan los vicios, irregularidades o nulidades”, decisión que deberá adoptar el Juzgado Electoral y que podrá ser eventualmente apelada ante la máxima instancia judicial.
“Abrir todas las urnas y contar los votos uno a uno, no es una previsión hecha por el legislador. Se trata ello de un camino que justamente el legislador expresamente entendió no transitable globalmente porque aspiró a consolidar a cambio de ello, una responsabilidad ciudadana en las personas que fueron seleccionadas para ser presidentes de mesa y en los propios Partidos Políticos que son el eje del sistema
democrático, que como tal coadyuvan al nombrado orden con la asistencia de sus propios Fiscales de Mesa”, añadió el TSJ.