Reconocen a represor a cargo de detenciones y torturas

Los dos testigos que declararon ayer en el juicio oral que se sigue en San Rafael contra cinco ex policías y militares por homicidio y tormentos contra cuatro desaparecidos reconocieron a José Martín Mússere, quien oficiaba de enlace entre la Policía de Mendoza y los mandos militares, como uno de los jefes que estaba a cargo de las detenciones y torturas.

El debate en donde se investiga la desaparición de Francisco Tripiana, José Berón, Pascual Sandoval y Roberto Osorio (todos miembros de la Juventud Peronista de San Rafael), se inició a las 9.30 cuando Luis Barahona, un ex gremialista de la empresa Grassi que fuera detenido el 28 de abril de 1976, vio una foto de esa época e identificó a Mússere como su captor y torturador.

Según relató el hombre a los miembros del Tribunal II de Mendoza, Mússere fue quien lo trasladó desde su casa en la ciudad sureña de Malargüe hasta la Municipalidad de San Rafael, donde aseguró que éste lo golpeó "en reiteradas ocasiones" y que antes de llegar al calabozo destinado para él, "me hizo subir tres escaleras flexionado a los golpes".

Una vez dentro de la sede departamental, Barahona, quien logró recuperar su libertad en junio de 1977 en La Plata, dijo que fue golpeado por un grupo de militares que además lo torturaron con picana en brazos, espalda y testículos, y que a raíz de los golpes recibidos estuvo quince días sin poder comer por si solo.

En un contundente relato, Barahona recordó que cuando estuvo detenido en San Rafael compartió el calabozo con José Berón, quien fue trasladado una noche entre las 0 y la 1 de la mañana y que luego, al igual que sus familiares, nunca más volvieron a verlo.

Asimismo, el testigo recordó que no sólo el y Verón, sino "todos los detenidos fueron golpeados y torturados".

Además de Mússere están acusados Raúl Alberto Ruiz Soppe, quien era jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza; Aníbal Alberto Guevara, quien se desempeñaba como Teniente del Ejército; Juan Roberto Labarta, integrante del D2 en San Rafael; y el abogado Raúl Egea, quien trabajó como abogado de la Policía de Mendoza.

Los cinco menos Egea, quien está libre y acusado por falsificación de firmas, están detenidos en la cárcel local e imputados por privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado por alevosía y asociación ilícita.

Mientras tanto el represor Luciano Benjamín Menéndez fue separado de esta misma causa por enfrentar otras acusaciones en Córdoba, al igual que el médico policial Cristóbal Ruiz Pozo, quien sufre una enfermedad terminal y debió ser hospitalizado.

A su turno lo siguió el ex detenido Isidro Humberto Calivar, quien declaró conocer a todos los imputados excepto a Egea ni a Ruiz Pozzo, ya que nunca fue atendido por ningún médico.

Calivar fue detenido el 23 de marzo de 1976 cuando tenía 32 años donde tuvo "el duro privilegio de inaugurar unos calabozos de chapa de zinc", por cuyas hendijas vio ingresar a varios detenidos entre los que estaban el ex gobernador Alberto Martínez Baca, su esposa, el doctor Alfredo Porras, el desaparecido Roberto Osorio y un dirigente del Partido Comunista de apellido López.

Luego fue alojado en un sótano del edifico donde ahora se ubican los Tribunales provinciales donde estuvo solo y encapuchado permanentemente pero sin recibir golpizas ni torturas.

Tras una extensa jornada con muchas preguntas por parte de la querella y la defensa, el tribunal al mando de Roberto Burad decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes cuando se sienten a declarar el ex soldado Mario Agustín Lemos, Juan Pérez Sánchez, Mariano Tripiana (hijo del desaparecido cuyo paradero se investiga en esta causa), Carlos Villa, Susana Urquiza y Osvaldo Montenegro.

El debate, en el que se prevé la participación de casi un centenar de testigos, se desarrolla de lunes a miércoles en un aula prestada a la Justicia por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo.