Dos legisladores reclaman reajuste
Aunque la nota elevada a la Vicegobernación no habla del monto, se trataría de unos sesenta mil pesos en relación a lo que percibió en los últimos dos años y medio el Fiscal General de la Provincia, figura con la que los legisladores están equiparados desde el 2005.
El reclamo se produce luego del frustrado intento de aumento para legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo con cifras que iban entre los 2500 y 4500 pesos, defendido por el propio gobernador Juan Schiaretti y desechado al regreso de su viaje a Israel a raíz de un rechazo social generalizado y la ruptura de los acuerdos parlamentarios, por lo que finalmente decidió enviar a la Unicameral un proyecto de ley para derogar precisamente la ley de Equiparación Salarial para que cada poder defina cuál será el salario de sus funcionarios.
Por esta situación es que los legisladores Asbert y Rivero elevaron dos notas como un “formal reclamo administrativo” solicitando el reajuste de sus dietas basándose en el artículo 91 de la Constitución Provincial y el primero de la ley 9276, que establece que los funcionarios de los tres poderes del estado deben cobrar lo mismo.
Ambos parlamentarios sostienen en la nota que se los coloca en “una injusta situación” y dejaron planteada por “arbitraria” la inconstitucionalidad provincial y federal “de cualquier ley, decreto, resolución o norma que pudiera invocarse” para rechazar el reclamo y formularon reservas para apelar como así también acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de costa Rica.
En diálogo con www.conclavepolitico.com, Asbert sostuvo que “lo que intenta la nota es plantear un reclamo administrativo para que haya una definición de la administración pública en función de la próxima derogación de la ley de equiparación y la decisión política de que cada poder se regule sus haberes frente a la ambigüedad que se desliza de que tampoco estaría bien que se enganchen los salarios a los aumentos de los empleados públicos”.
“Esto es un desmadre administrativo” sostuvo Asbert y agregó que de esta forma se deja abierta la posibilidad “a presiones sobre los legisladores atentando contra la calidad institucional” ya que consideró que en comparación no cuentan, como los magistrados, con la “intangibilidad” atentando de este modo con la forma republicana de gobierno en cuanto se refiere a la división de los tres poderes.
El legislador kirchnerista sostuvo además que ahora “no hay ningún parámetro para determinar el salario de un legislador. Nos quedamos sin ningún parámetro, se crea un vacío legal enorme y dependemos de decisiones personales y no de un marco legal.
Finalmente el legislador kirchnerista sostuvo que “si me dan un marco legal para nuestras remuneraciones y eso implica la renuncia de los haberes que reclamamos renunciaremos a este planteo”.
Derogación y Aumento
La semana que viene la Unicameral trataría el proyecto del ejecutivo que deroga la ley 9276 de equiparación salarial y que establece además la potestad de cada poder del estado para determinar los aumentos para sus funcionarios.
Los legisladores que componen la Unicameral resolverían un mecanismo de actualización en sus dietas y fijarían como parámetro de incremento, los aumentos que perciban los agentes legislativos.
Aunque todavía no se ha discutido, legisladores del oficialismo contemplan la posibilidad de realizar una actualización escalonada entre el veinte y el treinta por ciento. Esta cifra representa casi la mitad de lo que pretendían aumentarse hace dos semanas, cuando se rompió el pacto entre los bloques parlamentarios.
En cuanto a los funcionarios del Poder Ejecutivo, el gobernador Juan Schiaretti ya descartó la posibilidad de una actualización de sus sueldos aunque si ratificó la postura de otorgarles un incremento futuro en función de lo que consiga el sector de empleados públicos.