Piden la disolución del Consejo de Vigilancia

El representante del Estado Nacional en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa, Alberto González Arzac, pidió ayer "la disolución” de ese cuerpo, porque "la SIGEN ha detectado que ninguno de quienes lo conforma es socio y eso es un requisito que marca la ley”.

En diálogo con Télam, González Arzac dijo que así se lo manifestó en una nota dirigida a los demás integrantes de ese consejo.

"Yo considero disuelto el consejo de vigilancia en Papel Prensa porque ninguno de sus miembros es socio y eso es un requisito que marca la ley, por lo que es ilegal”, insistió el representante del Estado Nacional en ese órgano.

En la nota, González Arzac establece que, según el artículo 280 de la Ley 19.550, el Consejo de Vigilancia "debe estar integrado por `accionistas` designados por la Asamblea” y "no pueden ser representantes de sociedades comerciales que tienen carácter privado”.

"Tampoco pueden ser directores, gerentes, ni empleados de la misma sociedad o de otra controlante o controlada”, como lo determinan los artículos 280 y 286 de la citada norma, precisó.

González Arzac dijo que "los integrantes del Consejo de Vigilancia designados por sociedades de carácter privado en Papel Prensa no cumplen con tales requisitos, tal como ha sido comprobado por miembros de la Comisión Fiscalizadora en su rol de control de legalidad de la empresa”.

Recordó que esto fue "denunciado ante la Comisión Nacional de Valores, con fecha 29 de junio de 2010, al comprobar que los doctores Eduardo Lohidoy, Gustavo Scholssberg y Hernán Verdaguer, así como los suplentes Diego Sigal, Juan Pueyrredón y Sebastián Bardengo no revisten la imprescindible calidad de accionistas prevista por la Ley de Sociedades Comerciales”.

Expresó que "en abierta violación a lo dispuesto por la Ley 19.550, con fecha 25 de octubre de 1968, los presidentes del Directorio de `Arte Gráfico Editorial Argentino SA`, Ernestina Laura Herrera de Noble, de SA La Razón, Ricardo Peralta Ramos, y de SA La Nación, Bartolomé Mitre, convinieron que en el Consejo de Vigilancia mientras corresponda un miembro al Estado Nacional, se asignarán cargos a representantes de cada una de esas empresas, a quienes corresponderá además alternativamente la Presidencia del Consejo de Vigilancia”.

"Esto revela el designio de marginar al Estado nacional a través del nombramiento ilegal de personeros de sociedades controlantes”, acotó González Arzac.

En la carta aseguró que "hasta tanto la Comisión Nacional de Valores resuelva sobre el particular, el abajo firmante no convalidará con su asistencia en lo sucesivo el funcionamiento de un órgano integrado en violación de la Ley 19.550”.

Finalmente, González Arzac consideró "inoperable el Consejo de Vigilancia en su actual composición", por lo que anunció que se limitará "a realizar individualmente las acciones que estime pertinentes”.