Ordenan la detención de 4 represores

06/07/2010
Nacionales - Juicios que Cambiarán el País
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Así lo dispuso el tribunal contra los imputados Soppe, Guevara, Mussere y Labarta. Además, aceptó la ampliación de las acusaciones solicitada el fiscal Vega

Miembros del II Tribunal de Mendoza ordenaron ayer la detención de los represores Raúl Alberto Soppe, Aníbal Alberto Guevara, José Martin Mussere y Juan Roberto Labarta, y amplió las acusaciones de todos a `privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado por alevosía y asociación ilícita´.

El tribunal presidido por Roberto Burad aceptó ayer el cambio de calificación propuesto por el fiscal Dante Vega, ya que inicialmente estaban acusados solo de `privación ilegítima de la libertad´, y ordenó el traslado inmediato de los cuatro ex policías y militares a la Cárcel de San Rafael mientras dure el juicio oral.

En tanto a Raúl Egea, de 76 años, quien trabajó como abogado de la Policía de Mendoza y está imputado por participar en la falsificación de las actas de liberación, se le hizo una ampliación de acusación por el delito de asociación ilícita, a la espera de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones donde cursa otra causa, para evitar contradicciones en las sentencias.

Asimismo, es el único que permanecerá con custodia de la Policía Federal en su domicilio.

Raúl Alberto Ruiz Soppe, quien era jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza; Aníbal Alberto Guevara, quien se desempeñaba como Teniente del Ejército; José Martín Mussere, enlace entre la Policía y los mandos militares; y Juan Roberto Labarta, integrante del D2 en San Rafael, ya habían estado detenidos entre los años 2006 y 2008 y aunque se cumplieron los dos años sin condena, eso no impidió que el tribual disponga hoy su encarcelamiento.

En tanto que a Guevara, Mussere, y Labarta los acusó de `privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, homicidio calificado por alevosía por cuatro hechos en concurso real´.

"Me parece muy bien la medida. Con mi familia queremos justicia, no venganza", le dijo a Télam ayer al mediodía Francisco Verón, hermano del desaparecido militante del peronismo de izquierda José Verón, cuya detención y desaparición se investiga en esta causa junto a las de Francisco Tripiana, Roberto Osorio y Pascual Sandoval.

Numerosos familiares de desaparecidos de San Rafael asisten a diario al debate. Mientras, afuera, un reducido grupo de manifestantes reclaman justicia con banderas y bombos, y recibieron la noticia del encarcelamiento con mucha emoción.

"Van presos", "van presos", gritaban de manera pacífica desde la calle.

Según explicó el fiscal Dante Vega a Télam, el cambio de calificación a `homicidio calificado por alevosía´ se planteó ahora "ya que cuando se hizo el requerimiento de elevación a juicio, allá por 2008, no había tanta jurisprudencia por los delitos de lesa humanidad".

"El fiscal Francisco Maldonado había acusado en base a lo dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza", añadió Vega.

En tanto para el caso de Egea, explicó que éste "fue sobreseído por la Cámara Federal de Mendoza por el delito de `privación ilegítima de la libertad´ sin sentencia firme, y yo no puedo ampliar la acusación de algo que no existe".

En esta causa también están imputados Luciano Benjamín Menéndez (era jefe del Tercer Cuerpo de Ejército), ausente porque lo están juzgando en Córdoba junto con Jorge Rafael Videla; y el médico Cristóbal Ruiz Pozo, quien quedó suspendido debido a que está internado por una enfermedad terminal.

Antes de ayer, los defensores de los acusados habían rechazado las nuevas imputaciones y solicitado el arresto domiciliario y excarcelación, además de pedir una vez más la suspensión del juicio, lo que fue totalmente rechazado por el tribunal.

Dado el cambio de calificación, el juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes próximo a las 10 para que, según lo acordado por todas las partes los defensores de los cinco imputados tengan tiempo de rearmar la defensa técnica.

El II Tribunal está integrado por los doctores Roberto Burad, Héctor Cortés y Roberto Nacif, quienes llevan adelante el juicio oral y público en una sala de la Universidad Nacional de Cuyo (UNC) prestada a la Justicia.