Ingresó la ley que deroga la equiparación salarial
Tal como lo anunciara a su regreso de Israel, ingresó a la Legislatura de Córdoba el proyecto del gobernador Juan Schiaretti que deroga la ley de Equiparación Salarial para que cada poder defina cuál deberá ser el salario de sus funcionarios.
Además para no generar “distorsiones administrativas en las áreas liquidadoras de sueldos”, se dispone que hasta tanto no se fijen nuevas remuneraciones en estos dos poderes, regirán las actuales escalas salariales.
La iniciativa faculta al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para fijar las remuneraciones de sus funcionarios y también para determinar las equivalencias de los niveles y cargos ya existentes, con niveles y cargos vigentes o a crearse.
En este sentido Schiaretti consideró en el mensaje de elevación del proyecto que el gobierno de la provincia de Córdoba “ha merituado como necesario” desvincular a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la denominada “ley de enganche salarial” porque “no deberían percibir las mismas remuneraciones que los miembros del máximo tribunal de
Es que con la sanción de la ley 9725 el Poder Judicial de la provincia comenzó un proceso de asimilación salarial con
Esta nueva propuesta de Schiaretti ingresó a la Unicameral luego de la polémica que se generó por el incremento salarial a funcionarios y legisladores de casi el 50% que el Ejecutivo retiró la semana pasada.
Como los parlamentarios de la oposición volvieron sobre sus pasos y decidieron no dar su apoyo al tratamiento del proyecto de aumento que ellos mismos habían solicitado el gobernador determinó que cada poder será el encargado de determinar los salarios de sus funcionarios.
Finalmente casi la totalidad de los legisladores que componen la Unicameral resolverían un mecanismo de actualización en sus dietas y fijarían como parámetro de incremento futuro los aumentos que perciban los agentes legislativos.
Aunque todavía no se ha discutido, legisladores del oficialismo contemplan la posibilidad de realizar una actualización escalonada entre el veinte y el treinta por ciento. Esta cifra representa casi la mitad de lo que pretendían aumentarse hace dos semanas, cuando se rompió el pacto entre los bloques parlamentarios.