El Correlato Económico
La dictadura militar argentina utilizó, como casi todas, la propaganda para convencer a la sociedad de las bondades de un sistema económico impuesto a través de la fuerza y el terror. Estos mensajes llamaban “bajar los costos" internos (Video 1), comprar productos extranjeros (Video 2) y el llamado a la unión nacional para "terminar" con la subversión (Video 3).
El mensaje era claro: empresarios ricos, sueldos indignos a los trabajadores, especulación financiera, importaciones y destrucción de la industria nacional financiada con un fuerte endeudamiento internacional, instaurando un proceso planificado de pobreza y miseria en el país.
Se sacaron los controles de precios y se redujeron las retenciones a las exportaciones y se inauguró el pedido de créditos a organismos internacionales: la Argentina recibió del FMI 400 millones de dólares. El slogan para los primeros meses de la dictadura fue: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.
En 1975, la inflación había subido más del 300 por ciento al año, el PBI descendió un 1,4 por ciento y el PBI per cápita cayó un 3 por ciento. Mientras, los precios al consumidor habían subido entre marzo del ‘75 y enero del ‘76 un 566,3 por ciento. La respuesta que Martínez de Hoz encuentra para parar la inflación fue la famosa “tablita". Un sistema de devaluaciones preanunciadas para que se supiera cómo y cuándo se iba a devaluar. La tablita dio comienzo á la era de “la plata dulce” y “al deme dos”.
La etapa de la circulación de dinero que producía más dinero fue denominada “la época de la plata dulce” y, junto con endeudamiento externo, trajo grandes beneficios a los grandes grupos económicos. Estos contraían una deuda en el exterior a una tasa baja y luego invertían en Argentina, donde había una muy alta: con la ganancia obtenida localmente abonaban la deuda externa y obtenían una gran diferencia a su favor.
El año 1980 fue el comienzo de un final anunciado: las exportaciones cayeron un 20% respecto del año anterior, las importaciones subieron un 30%, acompañadas por una nueva crisis mundial que, para un proyecto basado en el mercado externo, era determinante. En ese contexto se produjo el “crack bancario” de 1980, que puso fin a la etapa de la denominada “plata dulce”. La quiebra del Banco de Intercambio Regional (BIR) fue el primer indicador. Siguió el cierre de otras 37 entidades financieras, que a su vez repercutió en sectores industriales. El frente de la burguesía que hasta ese momento había apoyado acríticamente al proyecto —sobre todo en su aspecto represivo— reclamó una política de salvataje por parte del Estado frente al crack industrial y financiero. A partir de allí, el plan pasó a retiro.
En realidad esta primera etapa del plan económico constituía una puesta a punto de lo que vendría meses más tarde. El 1 de junio de 1977 la “ley de entidades financieras” libera el mercado de dinero y le da garantía estatal a todos los depósitos a plazo fijo. Con esta norma, si un banco quebraba, el Estado devolvía el dinero. Comenzó así la especular y tristemente célebre "bicicleta financiera".
En octubre del ‘77, las tasas de interés alcanzaron un nivel del 135 por ciento anual. La distorsión de este mecanismo hizo que las empresas tuvieran que endeudarse en el extranjero, la que debieron pagar altas tasas para lograr financiación en el mercado local. Así, mientras los plazos fijos y las financieras se reprodujeron ferozmente, los que tomaron créditos hipotecarios durante esa epoca terminaron pagando tasas usurarias: el ejemplo fue la de la recordada circular 1050 del Banco Central, que determinó que miles de ahorristas terminaran pagando tasas siderales o que debieran entregarle sus viviendas al banco, ya que los intereses, fijados por un mercado de tasas que llegaron a más del 100 por ciento al año, tornaba impagables los préstamos.
En 1978, el plan de Martínez de Hoz dio indicios de ser un fracaso total -o de un éxito pergeñado para destruir una nación en beneficio de intereses externos y una pequeña elite- la inflación anual llegó al 160 por ciento, y el PBI descendió durante ese año cerca de un 3,2%. Al crecimiento nulo del país se le sumaron los fuertes gastos del Estado: el 25 de junio del 1978 la Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. Ese mundial, organizado en el país, costó cerca de US$ 500 millones, gasto que fue completamente cubierto por el Estado.
La perversión del sistema financiero se tomó difícil de dominar para el Gobierno: en 1979, los precios minoristas crecieron en un 139,7 por ciento, y a capacidad de consumo se redujo vertiginosamente. Al final, la distorsión la banca terminó por perforar a muchas entidades financieras, que no pudieron hacer frente a sus obligaciones: el 28 de marzo de 1880 el Banco Central ordenó la Intercambio Regional (BIR).
A fines de ese año, cerca de 23 entidades financieras habían quebrado, casi todos bancos cooperativos o provinciales. El fracaso de la gestión de Martínez de Hoz terminó por hacerse evidente cuando tuvo que tomar una resolución drástica: el 3 de febrero de 1981 el peso fue devaluado un 10 por ciento con relación al dólar. Con la economía en contracción, la gestión de Martínez de Hoz finalizó en 1981, con el reemplazo del teniente general Jorge Rafael Videla por el teniente general Roberto Eduardo Viola en la presidencia de la Nación.
El 29 de marzo de 1981 asume un nuevo ministro, Lorenzo Sigaut quien pasó a la historia por la frase “esta vez, el que apuesta al dólar pierde”. Tan sólo un mes después el flamante ministro dispone una nueva devaluación que provocó que el peso perdiera un 35 por ciento de su valor con, respecto al dólar.
Sigaut duró 9 meses los mismos que Roberto Viola que fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri. A fines de año el Ministro de Economía fue reemplazado por uno de los hombres cercanos a Martínez de Hoz y ex-Ministro de Economía durante el gobierno de Frondizi: Roberto Alemana.
Los objetivos globales de Alemann eran bajar la tasa de inflación, desregular y privatizar, en ese orden. Sus primeras medidas incluyeron la reunificación del mercado cambiario, el restablecimiento de una tasa de cambio flotante, nuevos impuestos sobre las exportaciones una reducción de la dispersión de derechos de importación y el congelamiento de los salarios del sed público.
Como consecuencia, la inflación declinó. De todos modos, la guerra Malvinas desatada el 2 de abril 1982 marcó un punto de inflexión para el gobierno militar. La derrota de las Fuerzas Armadas argentinas aceleró el proceso de deterioro del régimen y lo empujó a buscar una trasmisión política que le permitiera transferir el poder.
Las decisiones económicas, entonces, estuvieron sujetas a los vaivenes de la liberalización política: En julio de ese año general Reynaldo Bignone reemplazó a Galtieri e inmediatamente inició diálogo con los sectores políticos. Su primer Ministro de Economía fue José María Dagnino Pastore (ex ministro de la misma cartera durante gobierno de Onganía), a quien acompañó, como presidente del Banco Central, Domingo Cavallo.
Los principales hechos económicos estuvieron marcados por la reforma financiera lanzada por Cavallo que provocó una escalada inflacionaria. Dagnino Pastore y Cavallo dejaron sus puestos a mediados de agosto. El último Ministro de Economía del Proceso fue Jorge Wehbe, quien “administró” la crisis. Durante esos meses se restablecieron negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y se volvió a implementar el control de precios y de las tasas de interés, la inflación volvió dispararse en 1983 y el traspaso del poder al nuevo gobierno constitucional se hizo en el marco de una acentuada crisis económica.
Finalmente la dictadura militar y las política liberales aplicadas por sus ministros de economía terminaron provocando la destrucción del aparato productivo, el cierre de miles de empresas que dejaron en la calle a otros tantos trabajadores. La deuda externa trepó hasta cifras inconcebibles y el gobierno democrático de Raúl Alfonsín que asumió en diciembre de 1983 debió cargar con una pesada herencia que luego provoco su propia caída.
Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menendez y otros 23 represores son juzgados en Córdoba por las causas conocidas como “UP1” o “Alsina Gustavo Adolfo” como responsables de los delitos de ‘homicidio calificado, tormentos agravados y tormentos agravados seguidos de muerte'.
También por la denominada causa “Gontero” o “Urquiza” que tiene a 6 víctimas y otros 6 imputados por los delitos de “privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados” cometidos por miembros del Departamento de Informaciones Policiales (D2) y que tiene como principal acusado a Menéndez.