Aprueban la reforma al Consejo de la Magistratura

En una extensa sesión que se esxtendió hasta pasadas las dos de la madrugada la oposición logró por 134 votos a 86 darle media sanción al proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura que, entre otras cuestiones, aumenta de 13 a 18 los integrantes del organismo y modifica la actual composición.

De esta forma el Consejo de la Magistratura estará integrado por 4 jueces, (incluido el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación); 6 legisladores (3 senadores y 3 diputados) de las tres primeras minorías; 4 abogados; 3 académicos (2 abogados y 1 de las ciencias sociales) y 1 representante del Poder Ejecutivo.

Otra de las modificaciones al organismo es la que reduce de tres años a uno -prorrogable por seis meses- el plazo que tiene para expedirse sobre un juez acusado de mal desempeño, de modo que no quede indefinidamente bajo sospecha y que ello condicione su actuación.

Asimismo se estipuló que las designaciones por concurso de los tres cargos administrativos más importantes del organismo, la publicidad de todos los expedientes que se tramiten, la creación de un comité consultivo, el sometimiento a inspecciones de la Auditoría General de la Nación (AGN) para la evaluación de los jueces y la pluralidad de género.

Si bien la sesión se inició pasadas las 15 con la presencia de 162 legisladores, el debate puntual del texto comenzó pasadas las 18,30, luego de que los diputados polemizaran en torno a hacer públicas las afirmaciones realizadas por el ex embajador Eduardo Sadous ante la comisión de Relaciones Exteriores la semana pasada.

Al defender el proyecto impulsado por la oposición, el titular de la comisión de Justicia, el radical Ricardo Gil Lavedra, consideró que la reforma propuesta no es "la ideal" pero, dijo, "es la reforma posible que trasunta el acuerdo de una enorme cantidad de bloques".

"Es una norma superadora. Con estas modificaciones queremos dotar al Poder Judicial de una mayor independencia y eficacia. El país necesita como nunca una mejor calidad de justicia", aseveró Gil Lavedra, quien dijo que la propuesta opositora busca "dotar de mayor transparencia al organismo".

Desde el oficialismo, Alejandro Rossi, autor de otro de los dictámenes, consideró que la propuesta opositora es "un retroceso" y "no introduce ninguna variante que nos haga avizorar que lo que se viene es mejor", a la vez que consideró que la reforma merecía "un debate mas profundo".

"Estamos produciendo una reforma para la selección de jueces de los peores retrocesos en contra del ejercicio de justicia y de los procesos democráticos", dijo Rossi, quien añadió que "la salida era para adelante y no para atrás. Va a ser un poco más de lo mismo".

Asimismo, el diputado del FPV por Tucumán, Gerónimo Vargas Aignasse, defendió la reforma impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Fernadez de Kirchner, y se preguntó "por qué hay que modificar el organismo si ha funcionado bien", a la vez que consideró que "tiene más que ver con la necesidad de un triunfo político de la oposición".

Desde Nuevo Encuentro, Vilma Ibarra, autora de otro de los dictámenes de minoría, se mostró a favor de una reforma del organismo "para repensar su integración", aunque se diferenció de la propuesta opositora y reclamó el traspaso de la justicia a la ciudad que, dijo, "merece tener sus propios magistrados".

A su turno, el diputado de la Concertación por Neuquén, Hugo Prieto, autor de otro de los dictámenes, consideró que la iniciativa opositora es "una opción política errónea que va contra la letra y el espíritu de la Constitución", al sostener que la nueva composición "tiene un 60 por ciento de representación de la coorporación judicial y en un 40 de representación política".

Jorge Yoma, del Frente para la Victoria por La Rioja, cuestionó el dictamen de la oposición y consideró que se trata de una "grosería institucional incalificable", a la vez que se pronunció a favor de que el titular de la Corte Suprema presida el organismo aunque dijo que "en la búsqueda del consenso opositor se lo pone sin facultades".

Para lograr mayores consensos, el arco opositor debió aceptar, a último momento, los cambios propuestos por el bloque Proyecto Sur que buscaban acotar las facultades que tendrá el titular de la Corte Suprema de Justicia, que estará a cargo del organismo y sólo votará en caso de empate.

Entre otras cuestiones, la iniciativa incorpora normas de calidad de gestión y establece que los expedientes con los antecedentes de los aspirantes a jueces serán públicos y deberán estar disponibles en Internet, a la vez que dispone auditorías periódicas de tribunales de justicia.