Abogados y constitucionalistas expusieron en comisión

Constitucionalistas, profesores y juristas manifestaron ayer su opinión sobre el proyecto que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que se debate en comisión en el Senado.

El especialista en derecho constitucional Jorge Vanossi abrió la serie de ponencias prevista para toda la jornada en la comisión de Legislación General de la Cámara alta, que preside la senadora Liliana Negre de Alonso.

Vanossi se manifestó "en contra" del proyecto aprobado en Diputados por considerarlo una "chapucería desde el punto de vista jurídico" e "inconstitucional porque viola el Pacto San José de Costa Rica".

Opinó que la norma "no responde a criterios señalados" por la Corte Suprema y advirtió que para el máximo tribunal la cuestión "no puede reducirse a un problema semántico".

"No se trata de atacar a un sector, sino que tratándose de situaciones diferentes deben ser tratadas legislativamente en forma diferente", expresó Vanossi, para quien las uniones civiles sí "pueden ser legisladas" pero se pronunció en desacuerdo con habilitar las adopciones para esos casos.

Vanossi además entregó a la comisión un dictamen de mayoría de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en contra del proyecto aprobado en Diputados.

El ex ministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra afirmó que el proyecto "es inconstitucional en sí mismo y contrario al sistema jurídico internacional por contrariar la Constitución en su texto estricto".

Juzgó que "requiere una reforma constitucional" la habilitación del matrimonio entre personas del mismo sexo por entender que la iniciativa es "explosivamente trascendente" y "debe estar contenida en la Constitución para que no queden dudas de su validez".

A su entender, el proyecto "contradice el sistema constitucional" y los "compromisos asumidos (por Argentina) ante los organismos internacionales" y mencionó además que en muchos estados modernos del mundo no se contempla la condición sexual como "habilitante para acceder al matrimonio".

Proclamó su convicción de que este tipo de modificaciones deben "entrar por la puerta grande de la Constitución y no por una puerta normal, como es el de una ley".

La integrante de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Nelly Minyersky, planteó que las parejas gay "necesitan una regulación civil" y manifestó que "el ingreso al amparo del derecho hace a un mejor control social".

Aunque aceptó que el proyecto "tiene muchos problemas de redacción" propuso "tener confianza en que esta ampliación de derechos es un avance de las instituciones que mantienen el respeto por los otros".

El abogado y ex asesor de menores Alejandro Molina puso de relieve que la futura ley "va a ser interpretada por jueces" y recomendó tener previsto esa situación cuando se analice el texto de la iniciativa.

"Es bueno llamar a las cosas por su nombre, en base a la esencia de ese nombre, respetando diferencias que nos permitan vivir en un orden social justo", declaró y se pronunció a favor de que la unión civil se aplique a parejas del mismo sexo.

La especialista en derecho internacional humanitario de la ONU, Luz Llanos Villanueva, pidió que se "analice muy bien" el concepto de "universalidad" a la hora de avanzar con el debate y "si se puede considerar universal una declaración que se contrapone con su tradición cultural".

El profesor de Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires, Oscar Ameal, advirtió que "permitir el matrimonio homosexual afectará el orden público" y apoyó sus argumentos en los artículos 172 y 188 del Código Civil, y en su convicción de que "la sociedad debería intervenir a la hora de redefinir el concepto de matrimonio".

Aludió además al Pacto de San José de Costa Rica, que "conforma el plexo normativo de la Constitución de 1994, regula el Código Civil y reconoce el derecho del hombre y la mujer a fundarse en matrimonio y formar familia".