Panorama negro en la justicia

Al respecto la secretaria General de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, Irina Santesteban , se refirió a los reclamos gremiales “legítimos” que mantienen desde hace meses exigiendo incrementos en los salarios, efectivización de los contratados, incorporación de personal y particularmente la constitución de una mesa de diálogo para discutir paritarias.

“Somos un sector de empleados que no tenemos ni estatutos ni convenios colectivos, se rige con el Reglamento de Asistencia y Licencia que es una acordada que dispone el TSJ, ahí se confunde lo que es ser el máximo tribunal con creer que eso les da el poder suficiente para no negociar colectivamente con los trabajadores cuestiones que atañen a nuestros derechos”, expresó Santesteban.

Además destacó que “si llegamos a este punto no fue por voluntad nuestra, intentamos por todas las formas solucionar esto”, a la vez que aseguró que “estamos dispuestos a ceder, a buscar soluciones parciales”.

En tanto el secretario Adjunto del gremio, Federico Cortelleti, anunció que este jueves realizarán una nueva denuncia contra el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) por “prácticas antisindicales” ante la Secretaría de Trabajo de la provincia con copia a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) porque según contaron, el Alto Cuerpo les restringe su derecho de huelga.

Otro de los gremialistas cuestionó la negación para arribar a una negociación por parte del TSJ habiendo una ley provincial que lo determina, sancionada en 1993. Se trata de la ley 8329 que regula los convenios colectivos de trabajo para la Administración Pública.

Al respecto expresaron que el TSJ derivó el planteo de la aplicación de esta ley que reclaman los trabajadores al fiscal general porque sostienen que dicha normativa perdió su vigencia.

Luego fue el turno de Pablo Olmedo, quien narró la grave situación que padece la policía judicial de la provincia. También explicó que el eje de su reclamo es la existencia de carrera, acusando a la patronal de tomar “como un feudo” al Poder Judicial, haciendo vivir a los trabajadores “en una postergación permanente y sistemática”, sentenció.

Asimismo Olmedo manifestó que “no somos junta cadáveres, somos técnicos, profesionales”, y agregó que “lo que acá está garantizando el poder judicial es que haya impunidad, está facilitando la impunidad”.

Esta dura expresión se basa en que carecen de elementos de protección, de recolección de pruebas, de unidades judiciales. A modo de ejemplo expresaron que las pruebas se recogen en bolsas de supermercado y que tienen tres unidades operativas para recolectar cadáveres en toda la provincia.

Angélica Bustos, delegada del Fuero de Familia, manifestó que se mantienen la misma cantidad de juzgados, asesorías y cámaras con que fue creado en 1989. “Somos uno o dos empleados más que se han nombrado desde aquellos años”, añadió.

En este sentido le solicitó a los legisladores miembro de la comisión la “urgente creación de más juzgados de familia” y la “incorporación urgente de personal” porque “estamos trabajando en condiciones terribles, los empleados lloran porque se sienten sobrepasados”, señaló.

“Hemos decidido hacer una protesta y una movilización todos los jueves en función de pedir una solución, que la más urgente es la incorporación de personal”, dijo Bustos.

Además la falta de personal lleva a que estén trabajando al margen de la ley ya que la normativa establece que para precisar una cuota alimentaria se debe fijar audiencia dentro de los quince días “y les estamos dando dos o tres meses”, añadió.

Quienes también expusieron su problemática fueron el delegado del Fuero Conciliación, el del área Obrero y Maestranza, de la Oficina de Notificadores, del Fuero Penal que eran similares a las demandas por las otras áreas.

También estuvieron presentes Hugo Blasco y Carlos Ordoñes del sindicato judicial de Buenos Aires y Mendoza, respectivamente, que se solidarizaron con el reclamo cordobés.

Por su parte los legisladores le propusieron al presidente de la comisión, Enrique Sella, que convoque a representantes del TSJ y del colegio de abogados y magistrados para intentar arribar a una solución a estos conflictos.

Finalmente Irina Santesteban expresó que “estamos esperanzados en que a través de la intervención de la legislatura podamos abrir un canal de diálogo y negociación aunque sea parcial”.