Olivero indignada con Passerini
En este sentido Olivero desafió a Passerini a “debatir públicamente” sobre el proyecto que propone aumentar en casi un 50% los salarios de funcionarios y legisladores, enviado la semana pasada a la Legislatura por el gobernador Juan Schiaretti.
“Desmiento categóricamente haber apoyado y, mucho menos, ser impulsora del proyecto de aumento salarial para legisladores y funcionarios provinciales”, manifestó ayer la legisladora a través de un comunicado.
Asimismo enfatizó que “el legislador Passerini, a quien desafío a debatir públicamente sobre esta cuestión, miente descaradamente y con una actitud canallesca intenta disimular la decisión política del Ejecutivo de incrementar un 50% los haberes de legisladores y funcionarios”.
“Él y su partido necesitan hacernos aparecer como aliados de sus políticas ya que nunca le hemos aprobado ningún proyecto que vaya en contra de los intereses de los trabajadores y demás sectores populares”, agregó la parlamentaria.
Además reiteró que “niego rotundamente haber impulsado dicho aumento o haber acordado con el resto de
Finalmente Olivero recordó el proyecto de ley que presentó a través del cual se establece la equiparación de la dieta legislativa a la del salario de una directora de escuela con veinte años de antigüedad, pero que fue rechazado oportunamente.
La iniciativa de Schiaretti que le asignaba un incremento de 4.500 no remunerativos a legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo, que finalmente no será tratado luego de que los bloques de la oposición decidieran cambiar su postura, también suspendía hasta el 31 de diciembre de 2011 la ley de equiparación salarial sancionada en noviembre de 2005, que igualaba los sueldos de los legisladores y funcionarios con los salarios del Poder Judicial.
Con esta suspensión el Ejecutivo les iba a otorgar a estos sectores una “compensación de gastos inherentes al ejercicio de la función” de 4.500 pesos para legisladores y ministros; 3.500 para el Secretario de Estado y 2.500 para el Director General.
Con en este mismo argumento de suspender la equiparación salarial, el gobierno provincial considera que los aumentos no deberán superar el 75 por ciento de los salarios líquidos percibidos por los miembros del Poder Judicial.