Coria se va del juecismo
En este sentido Coria se interiorizará respecto a los pasos administrativos que debe cumplir en la Legislatura de Córdoba tras decidir abandonar su bloque, pero es muy probable que constituya un bloque Unipersonal.
La legisladora aseguró que el motivo principal que derivó en su renuncia fue que los miembros de su bloque no consultaron su posición acerca del proyecto que incrementa los salarios de los funcionarios y legisladores del cual “me enteré por los medios”, por lo que en la reunión de bloque del jueves pasado planteó su “rechazo absoluto” a esta iniciativa, pero fue informada que ya se había resuelto en labor parlamentaria la postura a adoptar.
En tanto el presidente del bloque juecista, Roberto Birri, contrarió los fundamentos de Coria ya que afirmó que “ella sabía que había conversaciones sobre un mejoramiento en los salarios que están estancados desde 2007”, al tiempo que destacó que “este año lo hemos tratado no menos de tres veces. No es un argumento para irse del bloque”.
Respecto a la renuncia de Coria, Birri sostuvo que fue informado de su alejamiento ayer por la tarde, y agregó que “lo lamento porque es una buena legisladora y una gran persona”.
Coria se expresó el sábado en un comunicado junto al partido al que pertenece, Encuentro por
Asimismo la ex juecista desmintió “todas y cada una de las afirmaciones expuestas en los medios” respecto a los supuestos acuerdos internos en el bloque del FCyS en relación al aumento a funcionarios y legisladores.
“Fui la única legisladora del bloque que se opuso al aumento anunciado por el gobernador, en el mismo instante en que tomé conocimiento a través de los medios de comunicación, situación que luego expuse claramente en la reunión del bloque en la que fui informada del acuerdo al que habían arribado autoridades del bloque presentes en reunión de labor parlamentaria”, indicó Coria a través de un comunicado.
Los motivos “ético-políticos” por lo cuales la parlamentaria abandona su banca en el bloque juecista fueron expuestos en un comunicado enviado el sábado por los integrantes de EDE que además de Coria, forman parte el viceintendente, Carlos Vicente, las concejales vicentistas, Mónica Cid, Graciela Treber, Teresa Saravia y Laura Ortiz, entre otros.
En dicho comunicado sostienen, fundamentando su rechazo al aumento, que “se trata de un contrasentido, dado que mientras los empleados judiciales, entre otros trabajadores del sector público, llevan adelante reclamos con entera justicia, sin respuesta satisfactoria por parte del Estado, el gobernador avanza en una medida de este tipo que aumenta las injusticias sociales”.
“Creemos que el Estado debe estar al servicio de los excluidos del sistema económico, cultural, educativo, social y político, y no del privilegio personal, ni corporativo”, agregaron.
Finalmente los miembros de EDE manifestaron que “somos una fuerza política con pensamiento transformador, que pensamos al estado como una herramienta de cambio, que promovemos una gestión transparente, austera y eficaz de los recursos políticos”.
La iniciativa que Schiaretti envió a la Unicameral también suspende hasta el 31 de diciembre de 2011 la ley de equiparación salarial, sancionada en noviembre de 2005 durante el gobierno de José Manuel De la Sota, que igualaba los sueldos de los legisladores y los funcionarios del Poder Ejecutivo con los salarios del Poder Judicial.
Con esta suspensión el Ejecutivo ahora les otorgará a estos sectores una “compensación de gastos inherentes al ejercicio de la función” de 4.500 pesos para legisladores y ministros; 3.500 para el Secretario de Estado y 2.500 para el Director General.
En el caso de los parlamentarios cordobeses el aumento significa un incremento del 47 por ciento que se traducirán en un sueldo de bolsillo 14.100 pesos. Hasta hoy el sueldo era de 9600 pesos luego del último incremento de mil pesos que se les había otorgado hace pocos meses atrás.
Con en este mismo argumento de suspender la equiparación salarial, el gobierno provincial considera que los aumentos no deberán superar el 75 por ciento de los salarios líquidos percibidos por los miembros del Poder Judicial.