Olivero la única que rechazó el aumento
La legisladora Liliana Olivero (Izquierda Socialista) rechazó ayer el incremento salarial de casi el 50 por ciento para funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia, decretado el jueves por el gobernador Juan Schiaretti.
De esta manera, cuando se proceda al tratamiento del proyecto enviado por el gobernador a la Unicameral, Olivero votará en contra ya que calificó de “inaceptable” el aumento de salario para la planta política de la administración mientras los suelos de los empleados de sectores como el de salud, educación, entre otros son “miserables”.
“Es inaceptable que, mientras los médicos, enfermeras, docentes y demás empleados de planta mantengan sueldos miserables que en muchos casos no llegan a cubrir la canasta familiar; los jubilados en emergencia y cobrando bonos; mientras hay desempleo y precarización laboral, tanto en el sector público como en el privado, el Gobierno de la provincia otorgue a la planta política de la administración aumentos que son un privilegio”, manifestó Olivero.
Asimismo recordó la iniciativa que presentó respecto a equiparar las dietas al sueldo de una directora de escuela con veinte años de antigüedad, que oportunamente fue rechazada.
En el supuesto caso que se aprobara el incremento salarial Olivero adelantó a www.conclavepolitico.com que depositará su salario en una cuenta del Banco Nación a nombre del partido que representa, como lo hace desde que asumió como legisladora, que luego le abona un sueldo.
El proyecto de ley que Schiaretti envió a la Unicameral suspende hasta el 31 de diciembre la ley de equiparación salarial, sancionada en noviembre de 2005 durante el gobierno de José Manuel De
Con esta suspensión el Ejecutivo ahora les otorgará a estos sectores una “compensación de gastos inherentes al ejercicio de la función” de 4.500 pesos para legisladores y ministros; 3.500 para el Secretario de Estado y 2.500 para el Director General.
Con en este mismo argumento de suspender la equiparación salarial, el gobierno provincial considera que los aumentos no deberán superar el 75 por ciento de los salarios líquidos percibidos por los miembros del Poder Judicial.