Bonadio reclamará que Oyarbide le entregue parte de la causa

El juez federal Claudio Bonadio resolvió trabar cuestión de competencia entre juzgado y el de su par Norberto Oyarbide, en el marco de la investigación por irregularidades en el otorgamiento de subsidios y reintegros por parte de la Administración de Programas Especiales (APE) hacia las obras sociales del Sindicato de los Camioneros.

De esa manera, será la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal el tribunal que deberá resolver si Oyarbide deberá entregarle a Bonadio documentación vinculada a la megacausa de los medicamentos adulterados, relacionada con la Obra Social de Choferes de Camioneros de la Capital Federal (Oschoca) y a la Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Cargas.

Cabe recordar que Bonadio le había solicitado a Oyarbide que se inhiba de intervenir en la investigación con relación a esas obras sociales y que le remita toda aquella documentación que guarde relación con la facturación por la venta de medicamentos a esas firmas por parte de la Droguería San Javier SA, también investigada en la causa por los remedios falsos.

Oyarbide rechazó aquella solicitud y, en consecuencia, Bonadio trabó cuestión de competencia para que sea la Cámara la que resuelva el planteo.

Para Bonadio, el objeto perseguido en el marco de estas actuaciones es más específico y restringido que aquél perseguido en la causa que instruye Oyarbide, “cuya investigación se enfoca principalmente hacia la venta irregular de medicamentos para la salud por parte de la Droguería San Javier a las distintas Obras Sociales, enfocándose especialmente en la Obra Social Bancaria la más involucrada, ya que el titular de la misma se encuentra detenido con prisión preventiva en el marco de dicha causa”.

Incluso destacó que la investigación contra las obras sociales de los Camioneros “viene siendo realizada en las presentes actuaciones con anterioridad a que el titular del Juzgado mencionado (Oyarbide) se abocara concretamente a investigar las irregularidades en los expedientes de la Administración de Programas Especiales”.