Estatizaron el Peaje
Sin el acompañamiento de algunos bloques de la oposición la Legislatura de Córdoba aprobó ayer el decreto que le permitirá al gobernador Juan Schiaretti adquirir el 90,5 por ciento de las acciones de Caminos de las Sierras (CASISA), empresa concesionaria del sistema de peaje de
Desde el bloque oficialista defienden el decreto porque se dejará sin efecto el juicio por 250 millones de dólares presentado por Impregilo, principal accionista de CASISA, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y otras demandas por la falta de rentabilidad causada por el congelamiento de la tarifa del peaje.
En tanto, a pedido del gremio Unión de Empleados de
Al respecto la kirchnerista Silvia Rivero (Concertación Plural) expresó que “el personal de las empresas de peaje deben estar representados en el directorio que la provincia va a tener en CASISA; si hay alguien que jamás chocaría la empresa es su propio personal, exigimos al gobierno de la provincia que cuando integre el directorio de CASISA lo integre con al menos un Director Obrero”.
El legislador de Unión por Córdoba, Dante Heredia, replicó que “adherimos y veríamos con agrado que una vez resuelto el tema de la propiedad de la mayoría de las acciones se pueda incorporar o se analice la posibilidad de incorporar en el directorio de la empresa a un director obrero”.
Antes integrantes del gremio UECARA contaron a www.conclavepolitico.com que reclamaron la integración de un director obrero ante el ministro de Obras y Servicios Públicos, Hugo Testa, quien les respondió que su pedido dependía de una decisión política, cuestión por la cual intentaron llegar a Schiaretti para definir este tema pero el gobernador nunca los recibió.
Por otra parte desde el bloque de
En este sentido el presidente del bloque radical, Hugo Pozzi, consideró que de todos los decretos que fueron tratados en la Unicameral “este es el más perjudicial para el estado provincial”, a la vez que aseguró que “este proyecto es un verdadero mamarracho que tiene como únicos beneficiarios a dos grupos de empresarios privados y como único perjudicado a nuestra provincia de Córdoba”.
El decreto aprobado ayer establece que el costo de la transacción será de 76 millones de dólares de los cuales 56 corresponden a la reestructuración de los pasivos de Impregilo, mientras que 20 millones es el valor de las acciones.
Sin embargo el legislador del centenario partido Carlos Giaveno, puso en duda la veracidad de esta cifra, afirmando que “en realidad el costo final de la compra de las acciones será de 103.308.773 dólares que se desprende de la inclusión de los intereses en la cifra remarcada por el bloque de la mayoría”, explicó.
Asimismo tras reiterar que se trata de un “acuerdo leonino”, Giaveno añadió que “de la sola lectura del convenio surge que todos los derechos son a favor del vendedor sin cláusula alguna que favorezca al comprador, la provincia de Córdoba”.
“El pueblo de Córdoba no sabe al día de la fecha cuánto es lo que va a terminar pagando por este convenio”, manifestó el parlamentario radical.
En tanto desde el juecismo argumentaron su rechazo en que a raíz de la seguidilla de incumplimientos en los que habría incurrido Impregilo, el gobierno provincial podría haber obtenido dichas acciones sin necesidad de otorgarle ningún tipo de “indemnización” a esta empresa.
Además desde este bloque consideraron que la provincia termina transfiriendo el erario público para pagar las deudas y construir las obras que le corresponden a las empresas privadas y abre nuevamente la posibilidad de volver a privatizar el servicio.
Al respecto el legislador juecista Augusto Varas cuestionó que "estamos estatizando una deuda privada" y agregó que "hoy estamos perjudicando al erario público y a la sociedad".
“Estamos garantizándole a quienes se llenaron los bolsillos con los esfuerzos de los cordobeses que se vayan con plata, con un riesgo que las obras que ellos no asumieron las va a terminar haciendo el Estado, para preparar un mejor negocio para el que viene. El próximo paso es el aumento del peaje”, sentenció Varas.
En tanto el legislador del bloque Unión Vecinal Federal, José Maiocco, emparentó la compraventa de acciones de CASISA a lo sucedido con la estatización de Aguas Cordobesas.
“Hay un problema que resolver, ya lo conocemos, ocurrió con el contrato con Aguas Cordobesas. Este tipo de contratos son de riesgos para la provincia, para las empresas cero riesgo”, expresó Maiocco al tiempo que agregó que “lo mismo que se le dio a Aguas Cordobesas, ahora con un disfraz distinto, se lo están dando a esta empresa”.
Finalmente Heredia refutó las expresiones vertidas por la oposición diciendo que “no consideramos para nada que sea perjudicial para los cordobeses y mucho menos que se hable de hipoteca a futuro; no estamos perjudicando al erario público” y agregó que “esta propuesta transaccional nos parece razonable, cuando se asumen las responsabilidades hay que intentar ponerle el pecho y encontrar una solución tanto por parte del gobierno como por aquellos que intervienen en la comunidad”.