La oposición no acompañaría la iniciativa
Fuentes del bloque del Frente Cívico y Social (FCyS) aseguraron que a raíz de la seguidilla de incumplimientos en los que habría incurrido Impregilo International Infrastructures, principal accionista de CASISA, el gobierno provincial podría haber obtenido dichas acciones sin necesidad de otorgarle ningún tipo de “indemnización” a esta empresa.
Además desde este bloque consideraron que la provincia termina transfiriendo el erario público para pagar las deudas y construir las obras que le corresponden a las empresas privadas y abre nuevamente la posibilidad de volver a privatizar el servicio.
Por su parte fuentes del bloque radical anunciaron que los legisladores comandados por Hugo Pozzi también votarían en contra a esta iniciativa del Ejecutivo cuestionando la decisión del ex gobernador José Manuel De
Asimismo desde el radicalismo argumentarían que esta situación se agravó aún más con el congelamiento de tarifas durante siete años consecutivos (de
También el centenario partido le recordaría al oficialismo en el debate del próximo miércoles que la actual empresa concesionaria cumplió con el 95 por ciento de las obras durante la primera etapa en aquellos años que gobernaba Ramón Mestre, mientras que en los años posteriores se produjo la situación inversa en la que la prestataria habría incumplido el 95 por ciento de las obras.
El rechazo al decreto de Schiaretti sería también compartido por los bloques Unión Vecinal Federal, Izquierda Socialista y Recrear, mientras que el kirchnerista Concertación Plural y Vecinalismo Independiente estarían analizando la postura a adoptar.
Mientras tanto desde el oficialismo defienden el decreto porque se dejará sin efecto el juicio por 250 millones de dólares presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y otras demandas vinculadas a incumplimientos de contrato.
Tras unas tensas relaciones desde el inicio de la concesión entre estas empresas y el gobierno provincial, Schiaretti dispuso la estatización del sistema de peaje RAC ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con una de esas empresas.