Destacan el fallo de la Corte

16/06/2010
Nacionales - Nueva Ley de Servicios Audiovisuales
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El CELS y el secretario de Comunicación Institucional de Tierra del Fuego manifestaron su satisfacción y consideraron que la decisión confirma la legitimidad del proceso de elaboración y sanción de esta ley

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sostuvo mediante un comunicado  que el fallo de la Corte Suprema respecto a la Ley de Comunicación Audiovisual es una "señal positiva" y "un paso fundamental para que comience a regir un marco legal democrático".

El CELS celebró de esa manera la sentencia de la Corte Suprema que dejó sin efecto la medida cautelar dispuesta por la justicia federal de Mendoza en la causa iniciada por el diputado nacional Enrique Thomas.

"Este fallo es una señal positiva para avanzar en la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), aprobada por el Congreso en octubre pasado", señala el CELS en un comunicado.

Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, consideró que el fallo de la Corte "confirma la legitimidad del proceso de elaboración y sanción de esta ley.

Destacó además su valor "como un paso fundamental para que de una vez por todas comience a regir un marco legal democrático para los medios audiovisuales que fomente el pluralismo, la diversidad de voces y amplíe el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión.

Señala el CELS que "la sentencia representa un claro mensaje al Poder Judicial para que, al momento de dictar medidas que suspendan la vigencia de leyes, los jueces realicen una evaluación especialmente estricta sobre la proporcionalidad de esas decisiones en relación con los derechos afectados".

Agrega que "desde esta perspectiva, la Corte entendió que el diputado Thomas carecía de legitimación colectiva para representar en la justicia los intereses de todos los consumidores de medios audiovisuales del país -como él mismo invocaba- y que, por el contrario, muchos de ellos no compartían su reclamo".

Similares argumentos había sostenido el CELS junto a más de 20 instituciones, entre las cuales se encontraban universidades nacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, en un amicus curiae presentado ante la Corte la semana pasada.

El CELS entiende que en función del contundente pronunciamiento de la Corte, la Cámara Federal de Salta debe revocar sin más demora la medida cautelar dictada en la causa impulsada por la diputada nacional Zulema Beatriz Daher.

Indica por último que "una vez reestablecida la vigencia de la ley, resultará necesario instrumentar un procedimiento participativo para la redacción y discusión del texto reglamentario".

Asimismo, el secretario de Comunicación Institucional de Tierra del Fuego, Leonardo Gorbacz, expresó ayer su "alivio" por el fallo de la Corte y agregó que "esta ley es un avance importantísimo hacia un país donde la información y los mensajes no sean manipulados por intereses sectoriales, y todos los argentinos podamos entender mejor lo que nos pasa y podamos conocer realmente al país grande y no al país chiquito que a veces nos quieren mostrar desde Buenos Aires".

Sostuvo que "lo central de este fallo es que fortalece las decisiones políticas en democracia, porque la función esencial de la política en el sistema capitalista es poner límites al poder económico y la concentración de la riqueza de un país en pocas manos".

Gorbacz sostuvo que "si se consolidaba la suspensión de una ley nacional a través de una medida cautelar hubiese debilitado enormemente el sistema republicano de división de poderes".

"El fallo deja en claro que de ninguna manera el demandante pudo demostrar haber sido afectado su derecho a participar del debate", expresó el funcionario en eclaraciones difundidas por el gobierno provincial.

Recordó que era diputado nacional en el momento de aprobación de la ley, y dijo que "ese debate en particular fue el más amplio, extenso y participativo, al menos de los últimos cuatro años en Argentina".

Para Gorbacz "no hay dudas de que hubo un sector de la justicia dispuesto a hacer cualquier cosa, porque esta ley afectó fuertes intereses económicos".

"Cuando el poder político legítimo que representa al pueblo toma decisiones que afectan la concentración económica, hay una reacción inmediata que hasta pone en jaque al sistema republicano", agregó.

Expresó que "por suerte este fallo reafirma la división de poderes y la preponderancia del poder político sobre el poder económico".