Acordaron avanzar en la lucha contra la trata de personas

16/06/2010
Nacionales - Congreso de la Nación
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Diferentes bloques manifestaron su acuerdo en avanzar con el proyecto que propone, entre otras cosas, un programa de asistencia integral a las víctimas

Legisladores de diferentes bloques parlamentarios acordaron ayer avanzar en un proyecto contra la trata y el tráfico de personas, que contemple un programa de asistencia integral a las víctimas, entre otras cuestiones.

El acuerdo fue anunciado en una conferencia de prensa, de la que participaron Elisa Carrió (Coalición Cívica); Felipe Solá (Peronismo Federal); Federico Pinedo (PRO) y Oscar Aguad (UCR), así como representantes de organizaciones que luchan contra la trata y el tráfico de personas.

El Congreso sancionó en 2008 un proyecto que concibe a la trata de personas como "la captación, transporte y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior- la acogida o recepción de personas con fines de explotación" y establece penas que oscilan entre tres a quince años de prisión.

"Hay un compromiso inmediato de todos los bloques sobre este tema y creo que debe salir por unanimidad de la Cámara”, aseguró Carrió, quien agregó que en el país hay "hay 500 mil personas en situación de esclavitud".

Por su parte la diputada de la CC, Fernanda Gil Lozano, quien organizó y abrió el encuentro, dijo que "el principal objetivo de esta reunión es llegar a acuerdos legislativos para mejorar los instrumentos judiciales y llevar adelante una política de Estado respecto a la trata y tráfico de personas en nuestro país”.

Aguad, por su parte, destacó que la trata de personas "es una forma de esclavitud, igual que la droga y si existe es porque hay complicidad de la Policía".

Entre las organizaciones de la sociedad civil que expusieron su trabajo y demandas estuvieron La Alameda, Fundación El otro, el Movimiento de trabajadores excluidos y la Casa del Encuentro.

La norma debe contemplar, según dijeron, la reforma de la legislación para adecuarla a todos los compromisos internacionales y un programa nacional autárquico que incluya prevención, investigación, asistencia integral de las víctimas, administración de justicia y garantía de no repetición.