Peaje Estatal
Durante la reunión conjunta de las comisiones de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Unicameral, el vocal de la minoría del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP), Alberto Castago (Unión Cívica Radical) quien cuestionó la “falta de información” para analizar el proyecto de ley.
Luego de plantear sus dudas acerca de la ratificación del decreto por el que la provincia se hace cargo de las acciones y de la deuda de Caminos de las Sierras S. A. (CASISA), Castagno aseguró que “en realidad se está ante un nuevo contrato de concesión”.
Respecto al juicio por 250 millones de dólares que la principal empresa accionista de CASISA presentó ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) el vocal del ERSEP aseguró que “la demanda es en contra de la República Argentina no a la provincia de Córdoba, pero estamos desde la provincia resolviendo un tema de la nación”.
También estuvieron presentes en la Unicameral representantes de CASISA quienes explicaron su participación en la concesión del cobro de peajes de la RAC desde su inicio.
En este sentido el vicepresidente, Eduardo Albarracín, indicó que la primera etapa del contrato de concesión fue cumplida, pero luego a raíz de la decisión del ex gobernador José Manuel De la Sota de bajar el precio del peaje en un 44 por ciento, esto es de $1,80 paso a costar $1, la empresa comenzó a padecer un desequilibrio en sus finanzas.
Asimismo el empresario explicó que debido al congelamiento de las tarifas por siete años “con un mayor incremento de costos”, por lo que “frente a esta situación, Caminos de las Sierras veía muy dificultoso operar la concesión”, agregó Albarracín.
“Recién en enero de 2009 Caminos de las Sierras recibió un aumento de tarifa por parte de la provincia, que se había demorado tanto que ya no ayudaba en nada. Ese aumento no ayudaba para nada a la crítica situación en que ya se encontraba la empresa”, sostuvo el vicepresidente de CASISA.
Asimismo aseguró que “el problema que siempre tuvo y tiene Caminos de las Sierras es la inversión realizada y el recupero de esa inversión. Porque se aportó capital pero también se tomó préstamos”.
En este sentido la deuda de CASISA verificada es de 210 millones de pesos y 39 millones de euros, de estos montos lo reestructurado es 39 millones de euros y 16 millones de pesos.
A través de este proyecto de ley el gobernador Juan Schiaretti, pondrá a consideración de los legisladores el convenio de compraventa de acciones suscripto el pasado 3 de febrero de este año con las empresas Impregilo Internacional Infraestructures, Iglys S.A. y Caminos de las Sierras S.A.
Además de adquirir los consecuentes derechos patrimoniales y políticos, el objetivo del acuerdo es que se reestructuren los pasivos de la concesionaria Caminos de las Sierras con Impregilo Internacional y su controlada Iglys y que desistan de las acciones iniciadas en contra de la provincia.
Tras unas tensas relaciones desde el inicio de la concesión entre estas empresas y el gobierno provincial, Schiaretti dispuso la estatización del sistema de peaje RAC ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con una de esas empresas.
En este sentido la provincia acordó con la principal accionista de Caminos de las Sierras, para que deje sin efecto el juicio por 250 millones de dólares presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y otras demandas vinculadas a incumplimientos de contrato.
A través de este convenio se establecen una serie de medidas y acciones destinadas a cumplir las condiciones necesarias para que el gobierno provincial realice la transferencia final de acciones y la reestructuración de pasivos entre los firmantes.
El documento surgió a raíz de los fracasados intentos de arribar a un acuerdo entre las partes, en relación a la renegociación definitiva del contrato de concesión.