Buscan avanzar con cambios al Régimen Penal Tributario

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados se reunirá hoy para debatir un proyecto que busca modificar el Régimen Penal Tributario, que incorpora nuevas situaciones para la evasión agravada y deja de lado la extinción de la acción por la cancelación.

El proyecto del Poder Ejecutivo, que prevé un esquema para la aplicación efectiva de las condenas, en casos de evasión tributaria, comenzará a debatirse hoy a las 15 en la comisión de Legislación Penal de la cámara baja, que preside el diputado de la Coalición Cívica, Juan Carlos Vega.

A través de la iniciativa, se busca además eliminar la probation y la aplicación del principio de la ley más benigna, a la vez que adecua el monto tope para la evasión impositiva simple, al incrementarla de los 100.000 pesos actuales a 1.000.000 de pesos.

Si bien estaba previsto que la comisión comenzará a debatir la semana pasada la iniciativa, la reunión fue suspendida para lograr consensos, según informaron fuentes parlamentarias.

El proyecto eleva de dos a seis años la pena de prisión en el caso de evasión simple; mientras que serán comprendidos bajo la figura de evasión agravada "los que falseen declaraciones o mientan en los montos declarados".

Además, la reforma busca también ampliar la intervención procesal de la AFIP para casos de mayor relevancia, ya que los indicadores de evolución total de las causas demuestran que cuando participa el organismo fiscal -como querellante- se obtiene una exponencial mejora en los índices de condenabilidad.

Otro delito que se incorpora es la adulteración de controladores fiscales y cualquier otro sistema homologado o suministrado por el fisco y se elimina un instituto que hasta ahora permitía eximir de la aplicación de las penas con el pago por parte del contribuyente que estaba sometido a proceso.

Antes, la comisión de Legislación Penal junto con la de Justicia analizarán el proyecto de modificación del Código Penal que propicia el agravamiento de penas para aquellos funcionarios y jueces que cometan delitos de corrupción.