El que derrama paga

Para los prefectos principales Carlos Elizerán, de la Dirección de Protección Ambiental, y Francisco Javier Martín, jefe de la División Reglamentación Ambiental, de la Prefectura Naval Argentina, "es muy difícil que ocurra un hecho similar al del golfo de México porque no hay explotaciones en nuestro país de la magnitud de esta que está ocurriendo".

En diálogo con Sala de Prensa, ambos funcionarios coincidieron en que existe en el país un marco legal y regulatorio por el cual las empresas que ocasionen daños ambientales en las aguas jurisdiccionales deben hacerse cargo no sólo de reparar los daños y efectuar la limpieza, sino de pagar las multas correspondientes.

El prefecto Martín destacó que en el caso del golfo de México, se trataba de un pozo de explotación experimental por las condiciones y circunstancias en que se estaba haciendo, particularmente la profundidad del mar y del pozo a partir del fondo del mar. "No había precedentes", subrayó.

Tras poner de manifiesto que ese tipo de tarea no se hace ni se está por hacer en el país, admitió que hay circunstancias que podrían ser parecidas en plataformas marítimas, como en Cabos Vírgenes, que hay plataformas, y en la zona de Bahía San Sebastián (Río Grande).

Mencionó una serie de normas legales y de tipo técnico reglamentario que para esos casos tiene en vigencia la Prefectura, que obligan a las empresas que hacen la exploración o explotación a contar con planes de emergencia aprobados, en los que hay niveles de actuación, tanto en el orden local como zonal, y nacional. "En los tres niveles y de acuerdo con la magnitud del hecho, se le ponen en vigencia esos respectivos escalones con toda una serie de medidas que están obviamente planificadas", dijo.

Elizerán recordó que Argentina había aprobado un convenio internacional de cooperación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos en el mar. "Al ratificar por la ley 24292 y reglamentar por decreto en el 68, estableció que tenemos que tener un sistema nacional de preparación y lucha contra la contaminación costera, marítima, fluvial y lacustre, por hidrocarburos y sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, del cual la Prefectura naval es la administradora".

Ratificó, en tal sentido, que las empresas que puedan producir un riesgo de contaminación en las aguas de jurisdicción nacional a través de su actividad, tienen que estar preparadas para responder: deben tener una planificación, contribuyente con un plan nacional que administra la Prefectura, personal capacitado, y equipo apropiado como para poder responder a una situación de derrame. Tal es así que desde 1998 toda aquella empresa que realiza actividad en nuestro país está preparada para responder a un derrame acorde a su actividad.

"Disponemos de una ley, la 22190, en lo que respecta a la actividad de los buques o artefactos navales, que establece que el que contamina paga, no sólo los efectos y la limpieza, sino las multas que le corresponden por la falta que se pudo haber cometido", sostuvo.

Martín aclaró que Estados Unidos está en la etapa previa al reclamo a las responsabilidades por la compañía que produjo la contaminación. Claro que hizo alusión a que "están viendo venir algo que es muy grande desde el punto de vista de los daños y las responsabilidades emergentes. Hay dos conceptos que son: la responsabilidad objetiva y la concurrente, muy ligados al daño ambiental".

Según especificó, la primera es directa, es decir, el que contamina paga. El problema es que, en términos ambientales, los daños por hechos de este tipo siempre son tan grandes, que lo más probable es que la capacidad para resarcirlos del causante no alcance.

Relacionó con que ahí empieza a actuar la responsabilidad concurrente, que implica que el responsable o el contratante de aquel que provocó el desastre, por ejemplo, el capitán de un buque, se convierta en el responsable directo, o sea que responde por la empresa propietaria del buque o de una flota.

Mostró en un nivel superior al responsable concurrente, que se hace cargo de lo que hizo su empleado. Así pueden cubrirse los daños en casos como éste.

"Estados Unidos está previniendo a la empresa British Petroleum de todo lo que le va a representar en cuanto comiencen las investigaciones a fondo. Aun están en plenas operaciones y hasta ahora la British no ha dado una respuesta terminante que haya aportado una solución. Han sido parciales sólo hasta ahora", narró.

Respondió afirmativamente a la pregunta sobre el trabajo conjunto de Prefectura con el Centro de Capacitación Naval: "Se dictaron cursos en los que se capacitó en derrames de hidrocarburos y sustancias peligrosas a personal específico de Prefectura, a los fines de poder conseguir una fuerza de respuesta ante una emergencia ambiental. Además concurren otros ámbitos y organizaciones que tienen que ver con la protección ambiental costera y marítima", explicó.

Asintió en que el sistema de alerta temprana y de detección de un derrame se logra a través, primero, porque el marco legal argentino establece que el que contamina tiene que avisar, lo mismo que el que ve contaminación de las aguas producida por buques o artefactos navales está obligado a informarlo.

Y finalizó diciendo que en los últimos años esta conciencia a nivel de la comunidad se ha notado y, cuando se dieron los casos, la población avisó a la autoridad del sistema para ponerlo en marcha y minimizar los daños de la emergencia.