Cristina autorizó a Da Rocha a presentarse como querellante
Así lo confirmaron a Télam fuentes oficiales, quienes agregaron que la querella quedará radicada entre ayer y el lunes ante el juzgado de Concepción del Uruguay a cargo de Gustavo Pimentel.
Ayer a la mañana, el ministro de Justicia, Julio Alak, había hecho un llamamiento para que la asamblea "reflexione rápidamente" y levante el corte del puente General San Martín, ya que "la cuestión está terminada jurídicamente", y afirmó que "la no aceptación de liberación del puente está generando la imposibilidad del control ambiental".
En ese sentido, supeditó la conformación de una comisión integrada por científicos argentinos y uruguayos para que controlen el funcionamiento de la planta, a un levantamiento de la medida de fuerza en Gualeguaychú.
"Uruguay nos está diciendo: `No podemos permitir que vengan a controlar nuestros territorios, nuestras plantas fabriles y nuestros ríos, mientras ustedes están en una situación de alzamiento contra una resolución internacional. Liberen el puente y conformemos la comisión para hacer los controles", dijo Alak.
El funcionario insistió con que "mantener el corte está impidiendo la materialización rápida de la puesta en marcha de esta comisión" (de control ambiental), y subrayó que el 95 por ciento de los argentinos "quiere que se levante el corte".
Da Rocha se presentó el miércoles a última hora en el juzgado de Concepción del Uruguay, a cargo de Gustavo Pimentel, para presentar al Estado nacional como querellante en la causa que instruye por el corte de ruta.
Ese día, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y Alak anunciaron en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno que el gobierno demandaría penal y civilmente a los dirigentes de la protesta, y se instruyó a Da Rocha para que se haga la presentación en el juzgado entrerriano, lo que materializó esa misma noche.
Alak manifestó que tras el decreto que firmó la Presidenta en las últimas horas "seguramente el doctor Pimentel nos va a tener como querellantes, y el Estado va a poder defender los derechos de la Nación, ya que caso contrario puede ser internacionalmente denunciada" por incumplimiento de sus funciones.
En el encuentro que mantuvieron a principios de mes en Anchorena, Uruguay, la presidenta argentina y su par uruguayo, José Mujica, se comprometieron a instruir a sus delegaciones ante la Comisión Administradora del Río Uruguay para que en 45 días establezcan "los términos y criterios para la puesta en marcha" del plan de monitoreo conjunto del río.
"A nivel legislativo, por derecha nos dicen por qué no desalojamos por la fuerza en el 2006 o el 2008, y después por izquierda nos dicen que estamos amedrentando a la población con presentaciones judiciales", concluyó.