La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo envió un comunicado al organismo para que investigue el caso de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín y el reforzamiento de la custodia policial del Banco de Datos Genéticos
La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo informó ayer que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un comunicado en la que informa al organismo, que en caso de que las pericias de ADN ordenadas para el próximo lunes en la causa “Herrera de Noble” fueran nuevamente suspendidas, el Estado Argentino incurrirá en responsabilidad internacional por violación a las garantías de acceso a la justicia y de “plazo razonable” para la determinación de los derechos. Ello se basa en que esta causa lleva más de 9 años de tramitación y recae sobre hechos originados hace más de tres décadas y su resolución ha sido obstruida sistemáticamente.
Asimismo, el comunicado expresa que actualmente suceden “hechos y circunstancias que amenazan el proceso de restitución de niños”, por lo que se solicita que “realicen un seguimiento estricto a fin de evitar la concreción de violaciones irreparables al derecho a la verdad y la identidad de cientos de jóvenes y familias, y de la sociedad argentina en su conjunto”.
Puntualmente, se advirtió que de prosperar los planteos de los abogados de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) podría dejar de intervenir en causas judiciales y quedaría en duda la identidad de 18 nietos restituidos desde el año 2006.
“Recordamos que la creación de este organismo y las leyes que lo regulan fueron celebradas como grandes avances en materia de derechos humanos por la propia Comisión Interamericana, así como por el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, ambos de Naciones Unidas”, dice el comunicado de las Abuelas.
También advierten a la Comisión que por la virulencia y agresividad de los planteos de la defensa de Herrera de Noble exigen a las autoridades el reforzamiento de la custodia policial del BNDG, “pues ciertamente tememos la realización de un atentado o siniestro contra el mismo”.
“Por ello pedimos a la Comisión que solicite al Estado que informe sobre las medidas dispuestas en relación a estos derechos en crisis, así como toda otra información que considere pertinente”, concluye el comunicado.
