Se trata de la causa en que se investiga al ex presidente por su presunta responsabilidad en el homicidio de cinco manifestantes
El ex presidente Fernando de la Rúa fue nuevamente sobreseído en la causa en la que se lo investiga por su presunta responsabilidad en el homicidio de cinco manifestantes, durante la represión de las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que culminaron con su renuncia.
Enterado del fallo, sobre el que ahora deberá pronunciarse nuevamente la Cámara Federal de Apelaciones, De la Rúa dijo no estar "sorprendido" y ratificó que "no tuvo participación" en la represión pero que llevará "siempre el dolor" por esas muertes.
En una entrevista con Radio del Plata, el ex presidente atribuyó la crisis que terminó con su gobierno a "la conspiración política, a un sector del peronismo, a la falta de apoyo legislativo y a la actitud del FMI", que "hundió" al país "con el ahogo financiero".
El abogado querellante Rodolfo Yanzón consideró por su parte que el sobreseimiento era "previsible" porque la decisión "ya estaba tomada desde hace años por la Cámara Federal de Apelaciones", aunque no precisó si estudiará apelar la resolución nuevamente.
El fallo de 47 carillas, que incluye la expresa mención de que la causa "en nada afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado" el ex mandatario, fue adoptada por el juez federal Claudio Bonadío tras una serie de medidas de prueba ordenadas por la Cámara Federal cuando revocó su anterior sobreseimiento, en diciembre de 2009.
El magistrado tomó la decisión tras volver a indagar a De la Rúa, a su ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y tomar declaración testimonial al ex viceministro del Interior Lautaro García Batallán, al ex jefe de Gabinete Christian Colombo, al ex titular de la SIDE, Carlos Becerra y al ex edecán presidencial.
Bonadío ya había sobreseído a De la Rúa el 7 de abril de 2009 pero la Cámara Federal revocó esa medida y ordenó que se profundice la investigación sobre una supuesta reunión en la que la cúpula del gobierno de la Alianza habría determinado que había que "liberar de manifestantes la Plaza de Mayo para acordar con el justicialismo la sustentabilidad de su gobierno".
Esa supuesta reunión se la habría revelado García Batallán al entonces diputado socialista Luis Zamora y a otra legisladora de la oposición, pero todos los testimonios y las nuevas pruebas reunidas por Bonadío permitieron demostrar que ese encuentro no habría existido.
La situación de De la Rúa en el expediente tuvo una serie de idas y venidas ya que inicialmente -en octubre de 2007- Bonadío dictó su procesamiento, sin prisión preventiva, "por encontrarlo `prima facie` autor penalmente responsable de los delitos de homicidio imprudente (en cinco hechos) y de lesiones culposas (en 117 hechos)" y le embargó los bienes en dos millones de pesos.
Posteriormente, la Cámara revocó el procesamiento y sugirió nuevas medidas de prueba que "nada nuevo aportaron a la investigación" por lo que Bonadío dictó, entonces, el sobreseimiento del ex jefe del Estado, luego revocado por el máximo tribunal al incorporarse el dato de la eventual reunión.
Cuando apeló el procesamiento de 2007, la defensa de De la Rúa había recordado que la jueza María Servini de Cubría -quien tuvo a cargo la causa en sus tramos iniciales hasta que se excusó de seguir interviniendo- ya había dictado la "falta de mérito" de su asistido.
El ex primer mandatario siempre enfatizó: "La Policía debe actuar conforme a la ley y nadie le impartió una orden de obrar de otra manera. El principio de confianza hace que la autoridad superior de por supuesto que obrarán conforme a las normas y a las instrucciones preexistentes siempre orientadas a resguardar la seguridad de personas y bienes".
Los letrados Zenón Ceballos y Miguel Angel Almeyda, defensores del ex presidente, sostuvieron que su asistido "no ordenó las acciones y no tuvo conocimiento de los desbordes o posibles excesos que se conocieron después".
Los hechos por los que De la Rúa fue sobreseído son los ocurridos en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 durante la represión a manifestantes en inmediaciones de la Plaza de Mayo y el Obelisco durante las cuales cinco personas murieron y alrededor de dos centenares sufrieron heridas de diversa consideración.
Al ser entrevistado, De la Rúa reiteró que no hubo de su gobierno "ninguna orden de represión ni de excesos" y consideró que ahora la justicia "deberá hacer las determinaciones para saber cómo ocurrieron realmente los hechos".
Sobre los manifestantes asesinados, dijo que al momento de su renuncia "no se sabía que hubiera personas fallecidas" y afirmó que asumió "la responsabilidad política" pero que "eso no significa" que puede atribuírsele "una responsabilidad penal".
En cuanto a la investigación judicial, dijo que hay que averiguar "la responsabilidad de quienes organizaron los hechos violentos", y de "los dirigentes políticos que trajeron grupos en el choque con la policía o entre sí y que causaron las heridas o las muertes".
