Arrancó el juicio por la Masacre de Margarita Belén
El Tribunal Oral Criminal Federal de Resistencia inició ayer la lectura de la requisitoria fiscal en el juicio por la causa conocida como "Masacre de Margarita Belén", ocurrida el 13 de diciembre de 1976, en la que fueron fusilados una veintena de jóvenes militantes políticos que estaban detenidos.
La audiencia fue presidida por la titular del Tribunal Mirta Gladis Yunes, acompañada por los jueces Eduardo Belforte, juez del tribunal oral de Formosa, y Luis González, de
Los militares acusados Horacio Losito, Jorge Carnero Sabol, Athos Gustavo Rennes, Ricardo Reyes, Aldo Martínez Segón, Germán Riquelme, Ernesto Simoni y Luis Alberto Patteta, ubicados a la izquierda del tribunal, escucharon atentamente lectura.
Losito ya fue condenado a 25 años de prisión por haber participado en crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes.
También esta acusado Norberto Raúl Tozo, quien oportunamente se fugó y ahora se encuentra preso en Brasil mientras se sustancia el trámite de extradición. Debe agregarse a la lista el ex policía Alfredo Chas, presente en la sala.
Cuatro de los acusados (Rennes, Martínez Segón, Riquelme y Sobol) eligieron como abogado a Carlos Pujol, ex defensor oficial que hace un tiempo renunció y ahora actúa como abogado privado.
Sin embargo el letrado, presente en la sala, señaló que recién el lunes comunicará si acepta esa designación, por lo que la presidenta del tribunal decidió que la defensa de todos, al menos hasta el lunes, quede a cargo del actual defensor oficial Juan Manuel Costilla.
La causa se denomino originalmente en
Tras permanecer inactiva en los estrados judiciales más de 20 años, la causa se reabrió en 2001 con una presentación formal ante el juez Federal de Resistencia Carlos Skidelsky, y después de arduas batallas jurídicas en 2009 se elevó a juicio oral y público.
Las víctimas de la masacre, ocurrida en el paraje Margarita Belén, a
También se sumaron otras personas que estaban detenidas en forma clandestina como es el caso de Ema Beatriz Cabral y Alcides Bosch, cuyos restos fueron rescatados del cementerio de Resistencia e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y otras cuya identidad se busca aún establecer.
Los hechos que se juzgan ocurrieron el 13 de diciembre de 1976, cuando un grupo de presos políticos fueron sacados de
En medio del traslado, se fraguó un intento de fuga de los detenidos, que previamente fueron torturados hasta casi matarlos en
Según consta en el Informe Final de la Cámara de Diputados de Chaco, los presos políticos fueron fusilados a mansalva por un grupo integrado por militares, policías y miembros civiles del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE).
Estuvieron presentes en la primera audiencia varios miembros del gabinete provincial, entre ellos los ministros de Gobierno Juan Manuel Pedrini; de Educación, Francisco Romero; la presidenta del Instituto de Cultura, Silvia Robles, y el subsecretario de Derechos Humanos José Luis Valenzuela, los dos últimos ex presos políticos durante la dictadura.
El titular de
"Creo que esto es merito del gobierno nacional con un fuerte acompañamiento de este gobierno provincial, pero sobre todo es el trabajo consolidado que realizan los organismos de derechos humanos que hace más de veinte años bregan por la memoria, la verdad y la justicia", manifestó.
Celebró Goya que "se pueda juzgar a los responsables de los hechos sucedidos en la última dictadura militar y esos hechos, aquí en el Chaco, golpearon muy fuerte con lo que fue la masacre de Margarita Belén", subrayó.
La lectura de la requisitoria elaborada por la fiscalía, a cargo de Gustavo Adolfo Corregido, fue seguida con atención tanto por familiares de las victimas de la masacre como por familiares y amigos de los militares acusados, entre quienes se encontraba Cecilia Pando, quien suele presenciar este tipo de procesos para respaldar a ex represores.
Precisamente Pando, ni bien ingresó al recinto reiteró ante los periodistas presentes que "todos estos juicios son ilegales" porque "se están violando garantías, se aplica la ley con retroactividad" y afirmó que "los crímenes de lesa humanidad no existen".