Macri deberá explicar sobre la concesión de la cartelería
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, deberá explicar ante la justicia los alcances de la concesión de la cartelería de
En una resolución de su sala sexta, en la que se anuló el desprocesamiento de Macri, los camaristas ordenaron también que el ex ministro de espacios públicos, Juan Pablo Piccardo, sea llamado a ampliar su indagatoria para determinar concretamente si incurrió en algún delito.
La decisión fue tomada por los camaristas Gustavo Bruzzone, Mario Filozof y Marcelo Lucini, quienes además resolvieron apartar al juez de la causa, Facundo Cubas y designar por sorteo a otro magistrado.
En una critica a su accionar, los camaristas dijeron que los sobreseimientos "no constituyen una derivación razonada” del expediente y que "falta una debida investigación que se suple con afirmaciones dogmáticas”.
Concretamente, en torno al jefe de gobierno, la cámara penal ordenó que se le pida un "descargo espontáneo” del caso "para verificar su vinculación, o no, con los hechos investigados”.
Las mismas explicaciones les fueron solicitadas por los camaristas al jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, al ministro de desarrollo económico Francisco Cabrera y al Procurador general de la ciudad, Pablo Gabriel Tonelli, incluidos en el sobreseimiento anulado.
Además de Piccardo, deberá ampliar su declaración indagatoria los ex funcionarios Tomás Pastalanga y Horacio Daniel Tonelli, miembros de la comisión evaluadora de adjudicaciones.
La denuncia sobre irregularidades en la concesión de las carteleras urbanas en beneficio de una firma en connivencia con los funcionarios denunciados fue realizada por la empresa Spinazzola, cuya oferta quedó relegada.
Esta empresa, una de las más tradicionales en el rubro, había denunciado su exclusión de la explotación de las carteleras mientras que otras dos empresas en su misma situación seguían trabajando para el Gobierno porteño.
"Estas dos empresas jamás dejaron de publicitar en la vía pública. Llevan exactamente un año y van entrando en el segundo con supuestos permisos precarios, haciendo uso del mobiliario urbano, cobrando por su comercialización, y recibiendo pagos por mantenimiento”, sostuvo el ex juez Mariano Bergés, que la patrocina.
La explotación del mobiliario urbano, concesionada por una década e incluida la cartelería, pantallas y paradas de colectivos, representa una facturación anual cercana a los 100 millones de pesos.