Critican el vacío legal
La titular de la comisión nacional Coordinadora de Políticas Públicas en materia de Prevención y Control del Tráfico de Estupefacientes, Mónica Cuñarro, afirmó ayer que en política de drogas "hay un vacío legal que debe ser saneado con legislación preventiva".
"El cronograma del Plan Nacional de Drogas debe circunscribir la política criminal a temas complejos", afirmó Cuñarro al participar de un plenario de comisiones de
Cuñarro detalló aspectos del plan ante las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, a cargo del diputado Fabián Peralta (GEN); de Acción Social y Salud Pública, a cargo de Antonio Morante (Frente para
La especialista resaltó además el decreto presidencial 457, que el mes pasado creó
"Argentina deberá adecuarse a que la internación es la última instancia de tratamiento, en base a lo dispuesto por
Como ejemplo, de acuerdo con un relevamiento de estadísticas elaborado por jueces nacionales civiles, "menos del cinco por ciento de los ocho mil pedidos de internación (de adictos) que se reciben por mes queda efectivamente internado", tras los informes y pericias del cuerpo médico forense.
En esta línea, Cuñarro manifestó que "(el diseño de políticas) estuvo hasta ahora dirigido al campo penal a nadie le había interesado la cuestión sanitaria", que deberá "articular sistemas nacionales, provinciales y municipales".
Para eso, la funcionaria hizo hincapié en el impulso que tendrán que darle las provincias a la problemática y Begnis marcó la importancia de que los distritos deberán "destinar partidas e involucrarse en la cuestión a través de convenios con
Sylvestre Begnis, por su parte, apuntó que el lanzamiento del Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones "es una forma de entender que se trata de un problema sanitario y no criminal o penal" y adelantó que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, comprometió "todos los recursos necesarios" para su implementación en la segunda mitad del año.
Entre otras iniciativas, la comisión promueve agilizar la incautación de bienes sospechados de provenir de delitos complejos como la trata de personas, la corrupción, el fraude, el lavado de dinero y el narcotráfico.