No le temen al “poder estanciero” de Macri

El juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires Roberto Gallardo afirmó "no tener miedo" a la concepción de "poder estanciero" que, según su criterio, quiere imponer el jefe de gobierno local Mauricio Macri.

"No vamos a ser capataces de estancia" y "vamos a seguir" aplicando la Constitución de la Ciudad, porque "nos debemos a los ciudadanos que pagan nuestros sueldos", agregó el magistrado en su exposición de ayer por la mañana ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCBA), en Cerrito 760 de esta capital.

Gallardo y sus colegas Elena Liberatori y Guillermo Scheibler fueron citados a una audiencia pública ante la demanda por supuesto conflicto de poderes promovida por el Ejecutivo y la Legislatura de la Ciudad.

La demanda fue presentada porque, en distintas causas, los magistrados dictaron medidas contra la postulación, por parte del Poder Ejecutivo, de Daniela Ugolini para integrar el TSJCBA.

Los jueces aceptaron acciones de amparo de legisladores electos en las que se mencionan supuestas irregularidades para la designación de Ugolini, tales como el incumplimiento de plazos legales, declaraciones juradas incompletas y en la publicidad de los antecedentes de la candidata al máximo tribunal local.

Los poderes ejecutivo y legislativo cuestionaron las facultades de los jueces para intervenir en el proceso de designación de un magistrado de la ciudad, porque la consideran una cuestión "no judiciable".

Para Gallardo, la demanda por conflicto de poderes es otra muestra de cómo el gobierno de Macri evidencia "su molestia frente al control judicial" y por eso, con la misma "busca asustar, amedrentar", para lograr el "disciplinamiento" de los jueces locales.

"No hay conflicto de poderes, sino conflicto en la concepción del poder", manifestó Gallardo, quien agregó que, cuando dicte sentencia, el TSJCBA "puede elegir entre una justicia real o un modelo autoritario y estanciero".

Liberatori resaltó que mientras la Constitución establece la publicidad de los actos de gobierno, los antecedentes de Ugolini en Internet eran "ilegibles" y exhibió en una pantalla copia de esa página, lo que provocó el aplauso del público, luego repetido en varias ocasiones, cuando expusieron los otros dos jueces.

"Ni excesos en las funciones propias ni invasión en las ajenas", enfatizó Liberatori quien dijo ser objeto de una "marcada inquina" por parte de Macri, ya que fue calificada como "un desastre" e integrante de "una corporación que no entiende lo que los vecinos quieren".

Scheibler aseguró haber actuado en el marco del "legítimo ejercicio de sus funciones" y que "lo que ahora está en juego es si las normas se aplican siempre o no".

"El gobierno (porteño) -afirmó Schreibler- siempre contesta las demandas con (latiguillos como) que es una cuestión "no justiciable" o que "la acción de amparo no es la vía adecuada" para resolver el tema, "como en el caso (real) de un chico de nueve años que padece cáncer", ejemplificó.

El último en exponer fue el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano, quien defendió la demanda promovida por los poderes Ejecutivo y legislativo.

Garavano acotó que los jueces no pueden avanzar sobre aspectos que la Constitución de la Ciudad ni las leyes locales prevén y reivindicó para los otros dos poderes la facultad "exclusiva" de intervenir en el trámite de designación de un miembro del TSJCBA.

Tras escuchar a los involucrados en la causa, el TSJCBA, presidido por Ana Conde e integrado por Alicia Ruiz, Luis Lozano y José Casás, dio por concluida la audiencia y anunció que dictará sentencia dentro de los plazos legales, que algunos intérpretes de la ley de procedimientos llevan hasta los 80 días hábiles.

Además del objeto de la demanda, que es la anulación de las medidas ordenadas por Gallardo, Liberatori y Schreibler, el TSJCBA "podría decidir sobre eventuales sanciones a los jueces" o "la remisión del asunto al Consejo de la Magistratura", opinaron allegados a la causa.