Destacan el avance en el enjuiciamiento a represores

26/05/2010
Nacionales - Derechos Humanos
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Amnistía Internacional remarcó el progreso en esta materia aunque remarcó la falta de inversión en la Justicia lo que genera demoras en los procesos

Amnistía Internacional destaca en un informe mundial presentado ayer en Londres los "avances" registrados en Argentina en el enjuiciamiento a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983).

"Se produjeron avances en el enjuiciamiento de destacados responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado", dice el capítulo dedicado a la Argentina del "Informe 2010: el estado de los derechos humanos en el mundo", presentado en Londres, en simultáneo con el resto del mundo.

Sin embargo, el documento menciona "la falta de recursos" en la Justicia y afirma que este obstáculo generó "largos retrasos" en estos juicios.

Para dar dimensión del proceso de enjuiciamiento que se realiza en Argentina, Amnistía cita el último informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, y señala que "más de 600 responsables" de delitos de lesa humanidad están procesados y "30 ya condenados".

Amnistía también se refiere en el capítulo argentino a los programas de protección de testigos, y advierte que "siguieron recibiéndose informes de amenazas contra testigos en juicios relacionados con violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado, en especial contra aquellos que vivían en zonas rurales aisladas".

Cita el caso de Orlando Argentino González, sobreviviente de un Centro Clandestino de Detención en la provincia de Tucumán, que decidió no comparecer como testigo en un juicio realizado en mayo "tras recibir varias amenazas".

Recuerda a Jorge Julio López, demandante y testigo principal en la causa contra el represor Miguel Etchecolatz -ex director de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires- "con paradero desconocido" desde septiembre de 2006.

Amnistía también se refirió a un confuso episodio ocurrido en diciembre, cuando "dos hombres asaltaron las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y robaron expedientes de casos de presuntas actividades ilegales de la policía, y otros documentos relativos a casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado que estaban a punto de juzgarse".

En lo que respecta a los "avances" en Juicios a represores, Amnistía menciona que "en agosto se condenó a cadena perpetua a Santiago Omar Riveros, jefe del tristemente célebre centro de detención Campo de Mayo durante el régimen militar argentino (1976-1983)".

Recuerda que "Santiago Omar Riveros fue declarado culpable de torturar y matar a golpes a Floreal Avellaneda, de 15 años, y de secuestrar a su madre, Iris Pereyra, un mes después del golpe militar de 1976".

Señala también como otro "avance" en el enjuiciamiento a los responsables de la represión la condena a cadena perpetua a dos ex oficiales de las Fuerzas Armadas y a tres ex agentes de policía, en marzo, en la provincia de San Luis.

Señala que "todos ellos fueron declarados culpables del homicidio de Graciela Fiochetti, la desaparición forzada y el homicidio de Pedro Valentín Ledezma y Sandro Santana Alcaraz y la tortura de Víctor Carlos Fernández, las cuatro víctimas habían sido detenidas en septiembre de 1976".

También recuerda que en octubre fue condenado a cadena perpetua el ex general Jorge Olivera Róvere tras ser declarado culpable de cuatro casos de homicidio y varios casos de privación ilegal de la libertad.

En la misma causa -menciona el informe- se condenó también a otro ex general a cadena perpetua. Otros tres ex miembros de las fuerzas armadas resultaron absueltos.

Por otra parte, cita el informe el juicio llevado a cabo en diciembre contra 17 ex oficiales de la Armada, entre ellos el capitán Alfredo Astiz, acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada, el mayor centro clandestino de detención de Argentina durante el gobierno militar.

Alfredo Astiz estaba acusado, entre otros delitos, del homicidio de dos monjas francesas y la desaparición forzada de un periodista argentino.

Agrega el caso del juicio concluido en diciembre en la provincia de Córdoba, contra el ex general Luciano Benjamín Menéndez, condenado por tercera vez a cadena perpetua.

El Informe 2010 de Amnistía Internacional documenta abusos a los derechos humanos en 159 países, entre ellos la Argentina, y subraya el papel de los gobiernos más poderosos que están bloqueando los avances en la justicia internacional.