A las “carmelitas descalzas†les llegó la hora
Luego de transcurrir diecinueve audiencias desde el 27 de mayo cuando comenzó el proceso oral y público y tras décadas de espera, el Tribunal Oral Federal Nº1 dará el ansiado veredicto el próximo jueves 24 de julio sobre el primer juicio por la represión en Córdoba, día en que la historia comenzará a cerrar las heridas que dejó la página más negra en la existencia como nación.
Organismos de Derechos Humanos como H.I.J.O.S. invitan a la ciudadanía cordobesa -a través de este medio- hacerse presente en los tribunales federales en siete días para conocer el trascendental fallo del juicio sobre el secuestro, tortura y asesinato de cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (Humberto Brandalisis, Ilda Flora Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo) ocurrido en nuestra ciudad en tiempos de terrorismo de Estado.
Para esa jornada, los ocho imputados que ayer obtuvieron el pedido de absolución por parte de sus abogados defensores, podrán hacer uso del derecho de la última palabra (que siempre ellos negaron). Posteriormente, los jueces deliberarán antes de dar el veredicto final que será seguido con atención tanto en las adyacencias del edificio judicial como a través de los medios de comunicación.
Ultima etapa
Tal como estaba previsto y sin sorpresas, el tribunal presidido por Jaime Díaz Gavier, escucho desde las 10:13 hasta las 19:23 horas (cuarto intermedio incluido), los argumentos de los defensores oficiales, Mercedes Crespi y Adriano Liva, quienes pidieron la absolución de Luciano Benjamín Menéndez y de otros seis represores (Hermes Oscar Rodríguez; Luis Alberto Manzanelli; Carlos Alberto Vega; Carlos Alberto Díaz; Oreste Valentín Padován y Ricardo Lardone).
En primer turno, Crespi se encargó de “despegar” sus defendidos con los hechos que se juzgan en este proceso de enjuiciamiento. “Pido al tribunal la declaración de prescripción y la inconstitucionalidad de la causa”, disparó la profesional amparándose en el beneficio de la duda.
Luego, desacreditó y puso en duda la veracidad de tres testimonios en particular (Iriondo, Suárez y Beltrán), con el fin de invalidar toda prueba testimonial. Asimismo, la profesional al igual que su par rechazó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad por entender que estaban “amparados por las leyes de obediencia debida y punto final”.
Seguidamente, Adriano Liva, también se refirió en un principio a la “inverosimilitud de los testigos neutrales”, para luego remarcar que “de una conjetura lleva a otra probabilidad. Es un juicio de certeza y la certeza no está”.
Por la tarde llegó el turno del alegato de defensa al ex jefe operativo de
“Acosta no cometió los hechos por los cuales vino acusado en esta causa. Insistir en otro sentido me parece que sería violentar el principio de imputación”, concluyó el polémico abogado que en épocas electorales se cree el “Mesías”.
Finalmente, los abogados defensores solicitaron coincidentemente en el caso hipotético de que el tribunal condene a los imputados, que no se modifique el estado de prisión en que se encontraban “algunos” antes del juicio, por ejemplo la domiciliaria. El pedido va a contrapelo de la parte querellante que exige “cárcel común” para los represores.