Enfermos mentales ambulantes

18/05/2010
Provinciales - Salud Mental / Unicameral
alternative
El Subsecretario de Integración Sanitaria del Ministerio de Salud explicó los alcances de la iniciativa del Ejecutivo que también pretende consolidar esta problemática como política de estado
La Legislatura analiza transformar el sistema de salud mental en la provincia, a través de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que ayer explicaron los alcances en la comisión de Salud los Dres. Carlos Nouzeret, Subsecretario de Integración Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia, y Emilio Filipponi, Director de Salud Mental.

La iniciativa pretende desmanicomizar y desinstitucionalizar la salud mental en la provincia que alcanza a más de un millón de personas porque no sólo abarca a los “locos”  y esquizofrénicos, sino también a todos aquellos que tienen algún problema anímico, de adicciones, conflictos que requieren intervención de profesionales, etcétera.

Al respecto Filipponi sostuvo que “en Argentina y en Córdoba en particular, se discuta la posibilidad de esta reforma prácticamente desde la democracia. Hubo muchos intentos y hoy estamos aquí para ver si de una vez por todas podemos empezar a transformar la política de salud mental”.

Pero para lograr este “giro de 180 grados respecto de lo que hemos tenido en salud mental en la provincia”, como pretende Nouzeret, un factor importante es el presupuesto.

En este sentido los expertos recomienda que del presupuesto total destinado a la cartera de Salud, un 10 por ciento debe estar dirigido para la salud mental. Los funcionarios afirmaron ayer que ese porcentaje se cumple en Córdoba, “pero el 75 por ciento de ese presupuesto está invertido en el asilo, en el encierro de personas”, dijo Filipponi.

“Si logramos reconvertir o reconducir los 75 millones de pesos, podremos hacer una red formidable, impresionante, de atención primaria en todo el territorio. Esto no se puede hacer de un mes para otro sino que lleva muchos años, es una política de Estado”, agregó el Director de Salud Mental.

Es que de los 100 millones de pesos anuales con los que cuenta la Dirección de Salud Mental, el 75 por ciento se gasta en los manicomios de la provincia, por lo que Nouzeret agregó que “si seguimos adelante con esta política de ocupar cada vez menos camas tanto en Santa María como en Oliva, el presupuesto se tendrá que reconvertir desde allí. Quizás lo que haga falta no sea más plata sino gestionar una buena política de salud que nosotros creemos sumamente importante”.

En el caso de Oliva por ejemplo, una ciudad que hace cien años que tiene un psiquiátrico en el que trabajan 600 empleados, si la “fábrica” se cierra, la situación se tornaría complicada porque los vecinos impedirían que se termine la fuente de trabajo.

Al respecto Filipponi señaló que “una alternativa presentada sobre la que estamos trabajando es la posibilidad de evitar que eso sea un manicomio de pacientes psiquiátricos encerrados sino que pueda albergar a esa población de geriatría”.

“Hacen falta camas de geriatría actualmente, que puede ser una salida muy interesante para esa gente que teme quedar sin fuente laboral; de esa forma, podrían seguir brindando servicios de salud pero a una población distinta, más cercana a los problemas psico-sociales de la ancianidad y ya no a la atención del paciente mental encerrado”, añadió el médico.

También los funcionarios explicaron que la ley no sólo trata de lograr una desinstitucionalización de los pacientes, sino también de “sanear” y proponer a los trabajadores de salud mental que no sean custodios de pacientes encerrados sino que trabajen con ellos como se debe, esto es, con el paciente viviendo con su familia, integrado a su comunidad, y no ser cómplices de un sistema que “demuele a las personas”, explicó Filipponi.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo provincial contempla la promoción, la prevención y la atención oportuna de la salud mental de la población, entendida como el desarrollo integral de las personas, su realización como individuos y sujetos sociales, integrados en sus ámbitos familiares, comunitarios, institucionales y sociales.

En este sentido el proyecto persigue, entre otros, el objetivo de garantizar el acceso de la población, sin ningún tipo de exclusión, a la atención en salud mental, a través de servicios adecuados, integrados y conducidos por expertos en esta problemática.

Asimismo y para promover la vigencia del goce del derecho humano a la salud mental, en cualquiera de sus formas, la iniciativa dispone la creación del Consejo Consultivo para la Salud Mental.

Las funciones del Consejo son instar a la correcta aplicación de esta ley a través de acciones de control, estudios de campo, reuniones institucionales, tareas de promoción, etcétera; realizar propuestas de modificación legislativa en este tema o aquellos relacionados indirectamente.

El proyecto de ley también crea el Comité Intersectorial Permanente, que persigue el objetivo de abordar en forma conjunta e integrada las problemáticas encuadradas en la ley que afectan a las poblaciones como la discapacidad, adicciones, violencia familiar, etcétera.

Para cumplir con todo los propuesto en el proyecto de ley, la planificación sanitaria paulatinamente transformará las instituciones y servicios de salud mental que existen actualmente, y creará nuevas instituciones y programas como Hospitales de Día, Casa de Medio Camino, Talleres protegidos artístico culturales, programas de rehabilitación socio-laboral, atención domiciliaria en salud, etcétera.

A través de la iniciativa el Estado se compromete a garantizar la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental en todo el territorio provincial, por lo que para ello asegura la accesibilidad geográfica, económica-social y cultural de la población al sistema de atención en esta problemática.

Además la organización territorial del sistema de salud mental mediante el establecimiento de zonas sanitarias de integración en salud mental, el reforzamiento de los servicios locales, la participación de la sociedad civil y de la comunidad en la definición y abordaje de estas problemáticas, así como el fortalecimiento de las redes y lazos sociales.

La iniciativa asegura también el compromiso de la provincia para la protección de las personas que requieran servicios de salud mental frente a cualquier tipo de discriminación o estigmatización.

En tanto propone un nuevo sistema de salud mental organizado en tres niveles: el primero integrado a municipios o comunas en el que se distinguen acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades generadas desde la propia comunidad, llevadas a cabo por profesionales de la salud.

Un segundo nivel de atención para el diagnóstico y abordaje interdisciplinario de problemáticas de salud mental, que por su complejidad deban ser llevadas a cabo en hospitales provinciales o municipales.

Y por último un tercer nivel, en instituciones monovalentes de mayor complejidad, que requieran de un sistema de atención y contención en crisis, guardia permanente e internación a tiempo completo pero por breves períodos.

Durante las últimas décadas ha persistido en el país y en la provincia una visión asistencialista, individualista y centrado en las patologías, que influyó en el sostenimiento a lo largo de más de un siglo de los manicomios, verdaderos depósitos de personas que han sido definitivamente segregadas de los ámbitos vitales en los que es posible sostener la salud.