Declaran “política de Estado” los juicios contra represores

13/05/2010
Nacionales - Cámara de Diputados
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Se trata de un proyecto promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales el cuál destaca la necesidad de juzgar los crímenes de lesa humanidad en plazos razonables respetando las garantías del debido proceso

La Cámara de Diputados declaró "política de Estado" a los juicios por los crímenes de lesa humanidad que se desarrollan en todo el país, al aprobar por unanimidad el proyecto promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La declaración realizada en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, reafirma la necesidad de "asegurar el proceso de verdad y justicia como una política de Estado de carácter irrenunciable, que debe completarse en plazos razonables dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso".

El proyecto aprobado antes de ayer por todos los diputados declara "política de Estado" a los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país y que involucran a los responsables de las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.

Gastón Chillier, director del CELS, expresó en un comunicado que "el Bicentenario es una buena oportunidad para expresar un compromiso de toda la clase política argentina con este proceso de justicia y remarcar su valor para el fortalecimiento de las instituciones democráticas".

"No se trata sólo de juzgar hechos del pasado sino de sentar las condiciones para la convivencia futura y de dar un sustento ético al Estado de derecho", agregó.

Destaca el valor del trabajo iniciado por la CONADEP, la importancia del Juicio a las Juntas, realizado en el año 1985 y resalta la importancia después de un largo período de impunidad, de la reapertura de las causas en 2001 con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad.

También señala la aceleración del proceso en 2005 con el aval de los tres poderes del Estado que "inauguró una nueva etapa de legitimidad para las instituciones".

De acuerdo con la resolución de la Cámara baja, "esta política de memoria y justicia, que nos distingue hoy como país en la comunidad internacional representa una bisagra ética fundamental del Estado de derecho que beneficia a la sociedad argentina en su conjunto".