Código 6033

Ingresó la semana pasada en la Unicameral un pedido de informe impulsado por varios integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical, mediante el cual solicitan al Poder Ejecutivo Provincial algunos aspectos relacionados con el descuento que se les hace a los empleados públicos afiliados a la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS), destinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas (Código 6033).  

Según el mismo el titular de la APROSS, Rodolfo Rodríguez, por su paso -días atrás- en la comisión legislativa de Salud Humana, dicho fondo recibe mensualmente de sus 480 mil afiliados $240.000, es decir; 0,50 centavos por aportante. “Lo catastrófico no es la enfermedad, sino el costo de la misma que pueden producir una catástrofe financiera en la institución que lo protege o lo cubre”, explicó al respecto el funcionario.

La iniciativa que fue girada a la comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda, solicita en el plazo de 10 días algunos detalles debidamente discriminados de las erogaciones y destinatarios del Fondo de Enfermedades Catastróficas (Art. 32, inc. f de la ley 9277 de creación del Apross) que se hubieran realizado durante el período 2007 y lo que va del año 2008. 

También, cómo se decide para qué o para quiénes se utilizarán dicho Fondo, en caso de no ser usado para los fines específicos previstos por la ley 9277 aprobada entre “gallos y medianoche” el pasado 27 de diciembre de 2005 y además, qué se hará con dicho fondo.

Finalmente, el pedido de informe, cuya autora intelectual es la legisladora María Calvo Aguado, requiere conocer si el Poder Ejecutivo ha hecho uso de la atribución que le otorga el artículo 33 inc. b de la citada norma. En caso afirmativo, remitir el Decreto correspondiente y toda la documentación que lo fundamente.

“Hoy, continúa nuestra preocupación por el destino de los fondos obtenidos a través de este aporte forzoso así como la necesidad de conocer cuál es la intención del Poder Ejecutivo respecto de la aplicación del aumento autorizado por el artículo 33 de la Ley 9277. Es un deber hacerle conocer a la sociedad con qué recursos contamos a la hora de necesitarlos, por consiguiente es imprescindible que nosotros, como representantes del pueblo tengamos esa información detallada”, afirmó Calvo Aguado.