Oootro tema!!!

“Nunca tuvimos ninguna duda de que realmente estábamos dentro de la constitución y en el marco de ley”, afirmó para Cónclave Político la Defensora del Pueblo de la Provincia de Córdoba en funciones (e/f), Jessica Valentini, tras conocerse públicamente la resolución de once páginas mediante el cual se expidió el Fiscal de Instrucción, José Alberto Mana, ordenando el archivo total de la denuncia de usurpación de cargo en su contra, presentada el mes pasado por la legisladora del Frente Cívico y Social, Nadia Vanesa Fernández.

La acusación de usurpación fogoneada por la presidenta de la Comisión de Comercio Interior, Exterior y MERCOSUR de la Unicameral, refiere a que la funcionaria oriunda de la ciudad de San Francisco, fue “mutando de cargo” con el transcurso del tiempo, a partir del 5 julio de 2005 fecha en que finalizara el mandato del ex Defensor Nelson Filippi; pasando “lisa y llanamente” de Defensora Adjunta a cargo, luego Defensora en funciones hasta recalar en  Defensora del Pueblo.

“No es manera de avizorar de manera objetiva, seria y razonable, indicio alguno demostrativo de ilicitud contemplada en la ley penal y/o leyes complementarias del mencionado cuerpo legal…”, a la vez que hace notar el fiscal Mana en su dictamen que “no surge del accionar impetrado por la funcionaria Valentini, algún tipo de actividad indebida o arbitraria, que lleve a encuadrar su conducta en el delito de -usurpación de funciones-…”.

La denuncia de Fernández consistía no solo en el delito usurpación de cargo, sino también la no respuesta de Valentini a un pedido de informe de la propia legisladora y la omisión por parte de la Defensora en funciones de denunciar ante la justicia acerca de información emanada desde la Penitenciaria General San Martín de esta ciudad.

Al referirse sobre la denuncia mediática de ocupar un cargo que no le corresponde, Valentini dijo que: (ver video) “hoy en día con la riqueza que tiene la democracia, con los controles que tiene la democracia, estar usurpando un cargo durante tres años sentada acá y que el resto de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no se den cuenta… creo que sería un cachetazo para toda la política y sobre todo para la institucionalidad”.

La resolución judicial de once páginas que fuera rubricada el pasado 30 de junio por el Fiscal Mana y que se conociera públicamente horas atrás, ya se encuentra en el despacho del Presidente Provisorio de la Legislatura Unicameral, Francisco Fortuna, institución que pronto elegiría al nuevo Defensor del Pueblo.