La CIDH presentó su informe

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los estados miembros desarrollar planes estratégicos "sustentables", con "consenso político y social", para mejorar la seguridad ciudadana.

En su informe sobre "Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos", que elaboró junto a Naciones Unidas y presentó ayer  en formato de libro en el Congreso Nacional, la CIDH elaboró un extenso panorama regional y fijó cinco recomendaciones generales y otras 16 específicas.

Con este trabajo, la CIDH aspira a que los estados miembros de la OEA "fortalezcan las instituciones, leyes, políticas y prácticas para la prevención y control de la criminalidad y la violencia".

"La seguridad ha reemplazado al desempleo como principal preocupación de la sociedad", sostiene el documento.

De la presentación participaron Paulo Pinheiro, miembro de la CIDH y responsable del informe; Santiago Canton, secretario ejecutivo de la CIDH, y Amerigo Incalcaterra, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Estuvieron también la titular de la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, Griselda Baldata; y el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Gastón Chillier.

Cantón planteó que el "principal cambio" que deben impulsar los estados es lograr que la seguridad ciudadana "no esté basada en principios autoritarios".

"Asumir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos en su relación con la seguridad ciudadana a partir del diseño e implementación de políticas públicas integrales", expresa la primera de las sugerencias contenidas en el informe.

Remarca que esas políticas deben desarrollar "en forma simultánea acciones específicas y planes estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo".

"Deben ser sustentables, lo que demanda la búsqueda de los consensos políticos y sociales necesarios" y a la vez "deben estar sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de amplia participación ciudadana", subraya el texto.

En el segundo punto, la CIDH recomienda "mejorar el proceso de selección y formación de las personas que integran las instituciones involucradas en la implementación de la política sobre seguridad ciudadana (fuerzas policiales, poder judicial, ministerio público y el sistema penitenciario).

"Que las autoridades políticas legítimas del Estado asuman su responsabilidad en el diseño, ejecución y control de la política pública sobre seguridad ciudadana, con el apoyo de equipos técnicos multidisciplinarios", postula como tercer punto el informe.

El documento considera necesario hacer "efectiva la rendición de cuentas de todas las autoridades con responsabilidad en la política sobre seguridad ciudadana" y "favorecer la institucionalidad democrática y las medidas para enfrentar la impunidad y la corrupción".

La quinta sugerencia de la CIDH pasa por "asegurar los estándares especiales de protección para personas en especial situación de vulnerabilidad, como los niños, adolescentes, mujeres, población indígena y afrodescendiente y los migrantes".

En las 16 recomendaciones específicas la comisión desglosa casi un centenar de puntos sobre medidas políticas, administrativas, legislativas, policiales y otras que involucran a la sociedad en general, tendientes a mejorar la seguridad ciudadana y el respeto por los derechos humanos.