Repudian la liberación bajo fianza de tres represores

Diputados nacionales rosarinos de distintos partidos, concejales de la ciudad y la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudiaron la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal de dejar en libertad bajo fianza a tres represores de la última dictadura procesados en la causa Díaz Bessone (ex Feced), que llegará a juicio oral el 21 de julio próximo.

Ocho diputados nacionales de Rosario, que pertenecen a distintas fuerzas políticas, presentaron un proyecto de declaración en el que expresan su "preocupación" por la liberación de los represores José Rubén Lofiego, Mario Marcote y Ramón Vergara, acusados por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio calificado y asociación ilícita calificada, cometidos en Rosario durante la última dictadura militar.

El proyecto lleva las firmas de Mónica Fein y Alicia Ciciliani (PS), Agustín y Alejandro Rossi (FPV), Susana García y Carlos Comi (ARI-CC), Fabián Peralta (GEN) y Verónica Benas (SI).

Los legisladores nacionales manifiestan que la liberación de los imputados "ha generado una sensación de mayor riesgo a los testigos que deberán declarar en el proceso, ya que están expuestos a encontrarse en las calles con los denunciados o a ser intimidados por los represores, contra quienes desde el próximo lunes 21 de julio deberán atestiguar".

"Dada la gravedad del hecho" los diputados rosarinos solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación "la pronta resolución de los recursos interpuestos en lo relativo a la prisión preventiva de los imputados".

Por su parte, los concejales rosarinos Arturo Gandolla y Norma López, del Frente para la Victoria, también expresaron su rechazo a la decisión judicial y consideraron, en diálogo con Télam, que la decisión "es una nueva muestra de barbarie jurídica de este tribunal de Casación que, lejos de velar por las víctimas de la represión de Estado, esgrime dudosos derechos de los asesinos".

Asimismo, la presidente de la delegación local de la APDH, Norma Ríos, aseguró a través de un comunicado que la decisión constituye "una nueva provocación que se ha gestado desde las entrañas del Poder Judicial hacia el campo popular".

"No es lo mismo un criminal de lesa humanidad, que ha cometido los hechos más aberrantes que pueda imaginar la mente humana, que disfrutó de la impunidad, que puede escapar o, lo que es peor, pegar el zarpazo de fiera herida contra cualquiera de nosotros, que los comúnmente llamados `ladrones de gallinas` que se pudren en cárceles horrendas", añade Ríos.

Los imputados, Lofiego, Marcote y Vergara actuaron en el principal centro clandestino de detenciones de Rosario durante la última dictadura, montado en la céntrica esquina de Dorrego y San Lorenzo, donde funcionaba en aquellos años el Servicio de Informaciones de la policía y por donde se estiman que pasaron unos dos mil detenidos-desaparecidos.