Quieren crear una comisión investigadora

Legisladores de la oposición porteña comenzaron ayer a admitir la posibilidad de crear, en el marco del Parlamento local, una Comisión Investigadora destinada a estudiar en detalle la causa de espionaje que salpica a la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad.

"Hay que investigar políticamente esta situación”, sostuvo Diego Kravetz, titular de la bancada Peronista en la Legislatura porteña, quien consideró que la Comisión se constituiría en "una herramienta constitucional para analizar con mayor grado de detalle la causa y, a partir de ahí, emitir un informe con los resultados de dicha investigación”.

Por su parte, el presidente del bloque UCR, Claudio Presman, señaló que "el tema prioritario es el respeto a las instituciones, aguardar el correcto desenvolvimiento de la tarea judicial y la creación de una Comisión Investigadora en el ámbito de la Legislatura que podría realizar aportes significativos a la causa”.

En tanto, Fernando Sánchez, presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Legislatura porteña, señaló que su banca "dio garantías a Macri y a Montenegro para que ejerzan su derecho a defensa”.

"Hoy es el momento en que la Legislatura debe resolver como se tramita la responsabilidad institucional de estos funcionarios. Si los trascendidos de la causa son ciertos, habría elementos suficientes para iniciar una Comisión Investigadora".

La creación de una Comisión Investigadora está contemplada en el artículo 83 de la Constitución de la Ciudad, donde establece que la Legislatura puede impulsar esa instancia "sobre cualquier cuestión de interés público” y fija su integración con diputados "respetando la representación de los partidos políticos y alianzas”.

Por su parte, el legislador Francisco "Tito” Nenna, del bloque Encuentro Popular para la Victoria, consideró hoy "una burla camuflada de marketing” la exposición ante la prensa que brindó Macri, tras su declaración indagatoria por la causa que investiga el espionaje en la Ciudad.

"Los porteños lo votaron para que gobierne, no para que llore sobre lo que no puede hacer o hace mal y le eche la culpa a los que opinan diferente”, sostuvo el dirigente de la CTA.

Al respecto, Nenna recordó que "Macri quiso una policía con represores y ahora se hace el zonzo cuando le preguntan por la red de escuchas ilegales”.

"Cuando en el futuro los docentes enseñen la historia de estos años, hablarán de Macri como el jefe de Gobierno autoritario que creó un cuerpo de seguridad con agentes involucrados en espionaje de trabajadores y opositores”, concluyó.

Asimismo, el diputado porteño Marcelo Parrilli, del bloque MST-Nueva Izquierda, se mostró a favor de que la Legislatura inicie "el procedimiento de juicio político" contra del jefe de Gobierno porteño.

"Como jefe de gobierno, Macri es el principal responsable por la creación, las designaciones y todos los escándalos de la Policía Metropolitana", aseveró el legislador.

También la legisladora porteña María Elena Naddeo aseguró que Macri y Montenegro, "son responsables del origen irregular de la Policía Metropolitana” y consideró que esa fuerza nació "manchada de corrupción”.

La legisladora porteña y autora del libro "El pibe” sobre Macri, Gabriela Cerruti, tildó al titular del Ejecutivo como "un chico rico caprichoso que debe entender que en la democracia los sospechosos son quienes deben dar explicaciones a la justicia y no pedirlas”.

Finalmente, el legislador porteño Aníbal barra aseguró que el jefe de Gobierno "mintió para desacreditar" al familiar de víctimas de la AMIA Sergio Burstein y "para protegerse a sí mismo".

"Macri se victimiza y pretende echarle la culpa al juez y al Gobierno Nacional porque no puede explicar que su ex jefe de policía, mano derecha en materia de seguridad y amigo personal, Jorge "Fino" Palacios, esté procesado y detenido por las escuchas ilegales a su cuñado y a un opositor político", señaló Ibarra.

Asimismo el legislador dijo que "Macri pretende desligarse de la imputación diciendo que no conocía a Ciro James, pero las intervenciones ilegales se hicieron a través de Palacios y fue este el que tramitó las pinchaduras ilegales ante James".

"El jefe de Gobierno escondió que el pedido de intervención del teléfono de Burstein fue ordenado por el juez Gallardo de Misiones el 10 de agosto del 2009, quince días antes de la renuncia de Palacios", precisó.

El legislador agregó que el titular del Ejecutivo "también pretende desvincularse de James diciendo que era un empleado entre 120.000, pero nunca pudo aclarar quién lo llevó al gobierno ni por qué le pagaron el sueldo más alto de contratos".