Cama adentro

Pese a la negativa de los bloques del Frente Cívico y Social, Unión Cívica Radical, ARI-Coalición Cívica e Izquierda Socialista, quienes criticaron la “falta una de política carcelaria en la provincia”, el Poder Unicameral a instancia de la mayoría, aprobó el proyecto de “emergencia carcelaria” declarada a mediados de marzo por el gobernador Juan Schiaretti.

La flamante norma, ofrece rienda suelta a la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y a su vez, posibilita la venta de las instalaciones en las que funcionan actualmente tres penales de la provincia, entre ellos la de Bº San Martín.

El despacho sancionado avala en plenitud el decreto de emergencia carcelaria por 36 meses dispuesto por Schiaretti a mediados de marzo, mediante el cual se apuntará a dar respuesta a la superpoblación y a las malas condiciones edilicias y de seguridad que padecen actualmente las cárceles cordobesas.

Tal como adelantó Cónclave Político, el dictamen contempla tácitamente el pedido realizado por los Organismos de Derechos Humanos en comisión de conservar parte de los establecimientos carcelarios para la preservación de la memoria, debido a que en los mencionados lugares se violaron sistemáticamente los Derechos Humanos durante la última dictadura militar.

El miembro informante del bloque de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, Sergio Busso, defendió la política penitenciaria emprendida por el gobierno justicialista, resaltando que “constituye una respuesta a una realidad concreta, implica -también- la concreción de un plan integral de reforma carcelaria, cumpliendo de esta manera con un deber esencial inherente al Estado”.

Por su parte, la legisladora por el Frente Cívico y Social, Adela Coria exigió que los edificios no sean vendidos ya que ello significará una “enajenación del patrimonio público provincial” y una pérdida de la memoria puesto que por algunos de esos centros no solo que circularon, sino que, además, perdieron la vida presos de la última dictadura militar.

Finalmente, el titular de la bancada del ARI-Coalición Cívica, Omar Ruiz, exigió una política común entre el gobierno de la provincia y el municipal con respecto al desprendimiento y posterior venta de importantes inmuebles, con el fin de ofrecer seguridad jurídica al inversor, para que no ocurra en el futuro “ventas negligentes como la del ex Batallón 141”.

Reforma Política

Al inicio de la sesión, todos los bloques parlamentarios avalaron la resolución mediante el cual se creó la Comisión Especial para la Reforma Política de la Provincia de Córdoba, en el seno de la propia Unicameral y que tendrá como objetivo central avanzar en la redacción de un proyecto de transformación del sistema político-electoral local.

El nuevo espacio de deliberación comenzará a debatir y analizar el próximo lunes a partir de las 15 horas en el Salón Protocolar, el trabajo final sobre las propuestas de reforma política presentadas por la Comisión Consultiva de Expertos, días atrás.

Algunas de las modificaciones que propusieron los expertos en su dictamen, requieren de la consabida reforma de la Carta Magna Provincial, cuestión que divide aguas en el arco opositor y algún que otro desorden en las filas de la mayoría, protagonizado individualmente por el legislador Emilio Graglia.