Comenzó el juicio contra 12 represores
El primer juicio en el Chaco por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, se inició ayer en esta capital donde se juzgará a 12 represores por tormento agravado en la causa "Caballero", conexa con la emblemática Masacre de Margarita Belén.
La audiencia se inició minutos después de las 9 en el Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste, debido a que el Superior Tribunal de Justicia chaqueño se negó a ceder sus instalaciones a la Justicia Federal para el desarrollo de las audiencias.
En la puerta de la casa de altos estudios se manifestaron organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles.
Los imputados en la causa "Caballero Humberto Lucio y otros s/ tormento agravado", serán juzgados por los tormentos sufridos por al menos 27 víctimas, de más de un centenar que pasaron por centros clandestinos de detención y desaparición forzada de personas en el Chaco.
En el banquillo de los acusados están sentados: Gabino Manader (acusado en 25 hechos), José Rodriguez Valiente (15 hechos), Humberto Lucio Caballero (14 hechos), José Marín (7 hechos), Ramón Meza (5 hechos), Francisco Alavarez y Oscar Galarza (3 hechos);Luis Patetta, José Luis Bettolli y Rubén Roldán (2 hechos), Enzo Breard y Ramón Gandola (1 hecho).
El juicio revisará principalmente lo ocurrido en el ámbito de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
El tribunal, de este primer juicio por delitos de lesa humanidad en el Chaco, está presidido por Víctor Antonio Alonso e integrado también por Lucrecia Rojas de Badaró y Manuel Antonio Jesús Moreira.
En la misma causa debían también ser juzgados, pero murieron José María Cardozo, Alberto Horacio Valussi y el ex fiscal federal Carlos Eduardo Flores Leyes; mientras que, durante el proceso judicial también fallecieron otras figuras de la represión ilegal como Carlos Alcides Thomas (jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco en los `70), el jefe policial Wenceslao Ceniquel, Oscar Octavio Ayala y Carlos Silva Longui.
La lectura de elevación a juicio se realizó a sala llena y se abordaron casos registrados entre los años 1975 y 1979 en centros de detención de la Policía del Chaco, dedicados a aplicar tormentos a detenidos políticos, según leyó el secretario del Tribunal Oral Federal.
Se mencionó que en la Brigada de Investigaciones había un área restringida a la que sólo tenían acceso personas que trataban con presos políticos y se nombró a: Caballero, Mender, Meza y Rodriguez Valiente como los únicos que ingresaban.
Se detallaron, además, en la primer parte de la lectura, los padecimientos sufridos por tres detenidos políticos, Carlos Salas y su esposa Marta, que estaba embarazada y Gregoria Pérez, todos ellos torturados con picana eléctrica y diversas clases de tormento.
Afuera, en la puerta del edificio en el que se encuentra el salón de actos de la Facultad de Ingeniería, representantes de diversas organizaciones coreaban "A donde vayan los iremos a buscar".
Los manifestantes, portaban carteles de la "Agrupación Descamisados" del PJ, de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), Barrios de Pie y los centros de estudiantes de las facultades de Ingeniería, Arquitectura y Humanidades, entre otros.
Música, bombos y algunos discursos, fueron la forma de expresión de los militantes afuera, mientras adentro se realizaba la lectura de elevación a Juicio.
Emilio Goya, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, hijo de padre desaparecido e integrante de la Agrupación "HIJOS", dijo a Télam que esperan un fallo "contundente".
"La Dictadura en el Chaco fue muy cruel y los culpables andaban caminando por la calle con total impunidad, esperamos la máxima pena", señaló el joven militante de derechos humanos.
Afirmó, además, que "este es el puntapié inicial, luego vendrá el juicio por la Masacre de Margarita Belén".
En tanto, Goya destacó la política de derechos humanos del Gobierno nacional: "empezar a juzgar a los genocidas es un proceso que inició Néstor (Kirchner) y ahora continúa Cristina (Fernández), que hicieron que el Estado actúe como querellante".
Sobre los imputados, manifestó que "deben estar en cárcel común, eso es lo que pretendemos todos los que estamos acá manifestándonos y acompañando el proceso", dijo en declaraciones a Télam.
El proceso, que juzgará a los 12 ex represores, continuará ayer en la capital chaqueña, a partir de las 8 en el salón cedido para este fin por la Universidad Nacional del Nordeste.