Respaldo

Pocos días atrás llegaron a los despachos de las principales autoridades del Poder Legislativo Unicameral, sendas notas de instituciones que nuclean a Defensores del Pueblo, no sólo de Argentina sino también de Latinoamérica, respaldando enfáticamente a la ombudsman de la provincia, Jessica Valentini, denunciada penalmente por usurpación de cargo por parte de la legisladora juecista, Nadia Fernández.

Como se recordará, a principio de este mes Fernández arremetió duramente contra la Defensora Adjunta a cargo de Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, denunciándola penalmente por el delito de “usurpación de funciones públicas”, tema que también fue instalado en vano por la propia parlamentaria en el recinto del Palacio Legislativo. 

Valentini, ocupa legalmente desde el 5 de julio de 2005, día en que venciera el mandato de su predecesor Nelson Filippi; el cargo de rango constitucional, que tiene como función la defensa de los derechos colectivos y difusos, la supervisión sobre la eficacia en la prestación de los servicios y la aplicación en la administración de las leyes, entre otras cuestiones. 

El plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), reunido el pasado 13 de junio en la ciudad de San Justo, La Matanza, Provincia de Buenos Aires, declaró unánimemente su solidaridad con Valentini, “resaltando sus cualidades personales y profesionales del todo acordes a su incuestionable desempeño al frente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba”.  

El comunicado firmado por el Presidente de ADPRA, Carlos Américo Bermúdez, también repudia por “insustancial la denuncia incoada, toda vez que resulta enteramente desestimable in límine apenas se advierte que la ley 7741 ordena al adjunto auxiliar en el ejercicio de sus funciones al Defensor del Pueblo titular y suplantarlo en caso de imposibilidad temporal (art. 8) y permanecer en funciones hasta tanto la Legislatura designe un nuevo titular (art. 9)”.

“Subrayar que los mencionados artículos toman absurda la acusación sobre la supuesta comisión del presunto accionar delictivo endilgado. Y la vuelven irremediablemente ridícula o del todo maliciosa cuando alude a la configuración delictiva por omisión basada en el argumento de que es la Defensora del Pueblo quien debe velar por la observancia de las normas”, agrega categóricamente el comunicado. 

En consonancia, la otra misiva de respaldo a la funcionaria cordobesa proviene del Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensor del Pueblo (ILO), firmada por su Presidente Carlos Constela, en donde expresa que “cuando (…) se promueve una denuncia sin fundamento jurídico ni ético, se está atacando en la instancia, a la institución del Defensor del Pueblo”.

Hace ya casi tres años que el Poder Legislativo no designa al nuevo Ombudsman. En tal sentido, el titular del Bloque del ARI-Coalición Cívica, Omar Ruiz, mediante un flamante proyecto convoca a todos sus pares de la Unicameral para que dentro de los 30 días -en el caso hipotético de su aprobación- “proceda a la elección y nombramiento del Defensor del Pueblo de la Provincia en los términos del Artículo 124º de la Constitución Provincial y conforme al procedimiento y disposiciones establecidas en la Ley 7741”. 

Desde este espacio periodístico abogamos permanentemente por el respeto irrestricto  a las instituciones de la Democracia; en este caso la figura Constitucional del Defensor del Pueblo, por entender racionalmente que las mismas contribuyen a que dejemos de ser hoy por hoy meros habitantes y nos convirtamos en el mañana en verdaderos ciudadanos.