Con hambre no se puede pensar

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la iniciativa que tomó estado parlamentario en la Legislatura provincial, la nación transferirá a Córdoba 16 millones ochocientos mil pesos en concepto de aportes no reintegrables, que serán destinados a financiar la asistencia de hasta cien mil personas en situación vulnerable.

El convenio de ejecución del “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal 2009-2010” celebrado por la provincia con la Secretaría de Gestión y Articulación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el pasado 30 de diciembre de 2009, financiará acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria mediante la implementación del sistema de Tarjeta Social para la compra de alimentos.

El año pasado en una visita por la localidad de Morteros el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Juan Carlos Massei, se refirió al programa de seguridad alimentaria expresando que “sabemos que es apenas un paliativo pero si sumamos las ayudas y los programas provincias para niños de 0 a 5 años, programas de infancia, ancianidad, Paicor en escuelas, merenderos a través de los aportes municipales sumamos una ayuda y una presencia del Gobierno provincial que demuestra una intervención importante a la hora de la ayuda social”.

En esa oportunidad el Ministro hizo entrega a los municipios de Morteros, Brinkmann y Miramar de tarjetas magnéticas a través del programa de asistencia a personas en vulnerabilidad social, donde también resaltó la importancia de este mecanismo.

“La tarjeta social está pensada para devolver cierta dignidad a las personas y que puedan elegir que comprar y donde y hasta aquí la experiencia ha sido buena, pero entendemos que la verdadera Justicia Social y la verdadera inclusión social es generar desde el Estado las condiciones para que la gente tenga y acceda a un trabajo digno”, había dicho el funcionario.

Las políticas sociales inclusivas sólo son viables en el marco de procesos macroeconómicos que generen empleo, salarios decentes y que sostengan un régimen de seguridad social de amplia cobertura.

Cada estamento de cada Estado debería preocuparse por desarrollar desde el ámbito de las políticas públicas en materia social, acciones que mejoren la empleabilidad, el nivel de ingresos de los pequeños emprendedores, el fortalecimiento de los proyectos productivos y comunitarios y, de manera más específica, el abordaje de situaciones y problemáticas como el de la niñez, juventud y discapacidad.