Avanzaron en el proyecto de modificación del Código Penal
La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados avanzó ayer en el análisis del proyecto de modificación del Código Penal que propicia el agravamiento de penas para aquellos funcionarios y jueces que cometan delitos de corrupción.
Durante la reunión de ayer expusieron especialistas en el tema, que hicieron algunas observaciones al proyecto existente, fundamentalmente en relación a su aplicación en la actividad cotidiana.
La iniciativa, impulsada por la oposición, establece penas de hasta 12 años de prisión para funcionarios que acepten "dádivas, favores, promesas y ventajas para sí mismo u otra persona a cambio de la realización y omisión de cualquier acto en ejercicio de sus funciones".
La pena sube a 15 años de reclusión e inhabilitación si quien incurriera en un delito relacionado con su tarea fuera un juez o un fiscal.
También propone penas de hasta ocho años de prisión para aquel funcionario que no pueda justificar un "enriquecimiento patrimonial apreciable" luego de asumir su cargo, y hasta cinco años después de cesar en ese puesto.
Las mismas penas le caben a quienes ayuden al funcionario a disimular el supuesto enriquecimiento ilícito.
En otro capítulo se incorpora la sanción económica de las personas jurídicas, "ya que a través de ellas se cometen importantes actos de corrupción, que de no existir la cubierta de esa figura a las personas que los realizan les sería poco factible el acceder a corromper a funcionarios públicos u otras personas", explicó el presidente de la comisión, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica).
"Estamos avanzando en una legislación contra los delitos del poder", enfatizó el diputado de la Coalición Cívica al cierre de la reunión.
A esto, la oficialista Diana Conti le respondió que "existen poderes fácticos y transitorios de gente que no se porta bien. No hay poderes corruptos en una sociedad que no es corrupta; los poderes públicos son emergentes de la sociedad".