El secuestro extorsivo de los Gutheim
El caso del secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel Ernesto podría dejar detenido al ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz quien gozaba de un indulto dispuesto por el ex presidente Carlos Menem y que ayer fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
El proceso se había iniciado por denuncia del entonces Fiscal de Investigaciones, Ricardo Molinas, quien dijo que el empresario Federico Gutheim había logrado un cupo de exportación por seis mil quinientas toneladas de fibra de algodón, para su firma SADECO, en abril o mayo de 1976.
Luego de haber obtenido los avales bancarios necesarios y la apertura de las cartas de crédito al exterior, por el valor de U$S 12.155.000, la dictadura militar le denegó los permisos razon por la cual Gutheim no pudo cumplir con sus compromisos comerciales en el extranjero.
En octubre de 1976 Gutheim fue llamado por el Dr. Fraguío, titular de la Secretaría de Comercio Exterior, quien le dijo que, por su culpa, al ministro Martínez de Hoz le habían denegado en Hong Kong una línea de créditos para la Argentina. Gutheim le ofreció renegociar el contrato con el exterior.
La noche del 5 de noviembre de 1976 fuerzas policiales concurrieron al domicilio de Gutheim para aprehenderlo, deteniendo también a su hijo, Miguel Ernesto. Ese mismo día se dictó un decreto para convalidar la detención de este último.
En su lugar de detención fueron visitados por un funcionario que dijo ser del Ministerio del Interior y que le propuso renegociar los contratos con Hong Kong.
Los detenidos dieron una respuesta afirmativa. Por ello fueron sacados de su lugar de detención en cuatro oportunidades, para negociar con los acreedores extranjeros. Ello consta en las actas notariales ratificadas por el escribano Félix Oks.
Tras cinco meses de detención, los Gutheim fueron liberados por decreto del 6 de abril de 1977. A los dos meses de su liberación, un comisario de apellido Bianchi y otro de apellido González, junto a un principal de apellido Albizu y otro funcionario, Martínez -todos de la sección Delitos Económicos de la PFA- los detuvieron nuevamente. También detuvieron a sus abogados.
Los Gutheim recuperaron su libertad luego de varios días.
En la investigación del caso pudieron probarse los siguientes hechos:
-El 5 de noviembre de 1976 Jorge Rafael Videla y su ministro Albano E. Harguindeguy, dictaron el Decreto 2840/76, por el cual disponían el arresto de los Gutheim, con el argumento de que su actividad atentaba contra la paz interior, la tranquilidad y el orden público, lo que tuvo, dijeron, "directa y estrecha relación con las causas que motivaron la declaración del estado de sitio".
-Que en abril de 1977, por Decreto 949/77 los mismos funcionarios dijeron que esas causas habían desaparecido y por ello los liberaron.
-Que en ese lapso, en el cual los Gutheim estuvieron en cautiverio, se llevaron a cabo reuniones en los domicilios de Sadeco, con la presencia de los Gutheim, de varios funcionarios policiales y de representantes de firmas tales como Dreyfus y Co. Ltd., Gordon Woodroffe and Co., Far East Ltd. Hong Kong, Hong Kong Spinners Ltd. Y Nan Fung Textiles Ltd.
-Que en esas reuniones se realizaron también con la presencia de funcionarios de Comercio Exterior, Dr. Agustín Jaime Pazos y Dr. Horacio Rodolfo Vega.
-Se imputó directamente a Martínez de Hoz el interés que tenía en esas negociaciones con personas privadas de libertad, para lograr la rescisión de los contratos de exportación.
-Los Gutheim no fueron sometidos a ningún proceso penal.
-Martínez de Hoz se defendió manifestando que los hechos no podían considerarse delictivos, pues constituían decisiones de política económica, insuceptibles de ser investigadas por la justicia.
-Los comerciantes de Hong Kong que participaron de las negociaciones no vinieron por su cuenta, sino por invitación del Ministerio de Economía.
Por estos hechos el juez federal Martín Irurzun procesó a Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz. Luego se les dictó la prisión preventiva y, finalmente, fueron perdonados por decreto presidencial.
Con la confirmación de la Corte Suprema de ayer queda finalmente decidida la cuestión y los imputados deberán ser nuevamente sometidos a proceso penal.
Segun indicaron quienes peticionaron por la inconstitucionalidad de los indultos, entre ellos Rodolfo Yanzón de la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre "la importancia de este fallo radica en que por primera vez se podrá juzgar al Ministro de Economía de la dictadura por crímenes cometidos en el marco de la represión ilegal desatada. Este proceso permitirá dejar una vez más en claro los verdaderos motivos de la picana, la capucha y los centros clandestinos de detención", dijeron.