Peligra la aplicación de la nueva ley

El 25 de febrero pasado durante una, de las dos reuniones que realizó la Comisión para la Reforma Política de la Unicameral durante este año, a la que asistió José María Pérez Corti, Secretario Electoral de la provincia de Córdoba, le puso plazo para el mes de junio a la reglamentación teniendo en mente el mes de septiembre u octubre para la realización de los comicios provinciales.

Según se está planteando el escenario electoral en Córdoba, volátil y sensible a lo que sucede a nivel nacional, y en donde se descarta que las elecciones para intendente de la ciudad y de gobernador vayan en forma conjunta al igual que la mayoría de los municipios del interior, se hace mas que necesaria una pronta reglamentación de la ley que en teoría regirá este proceso.

De acuerdo a la reforma de la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral que realizó la legislatura provincial, las elecciones deberían utilizar la Boleta Única –reemplazando la boleta sábana- y el Poder Judicial seria quien custodie y controle el desarrollo de los comicios para lo cual necesita entre muchas cosas, comenzar con la capacitación de al menos cinco mil personas, un relevamiento de la cantidad de mesas y la definición de la utilización de un padrón digital.

A pesar de que la ley establece que el Poder Ejecutivo es quien debe reglamentar las nuevas normas electorales en Córdoba, existe un reclamo desde distintos sectores para que sea el Poder Judicial quien realice esta tarea para introducir actores independientes del poder político y del electoral y quitarle “vicios políticos” que siempre aparecen cuando las reglas las imponen quienes están en el poder.

Pero como si todo esto fuera poco, uno de los aspectos más inquietantes a la hora de pensar en la aplicación de esta nueva ley provincial es sin dudas el modo en que ésta se integrará con la reforma electoral que el Congreso de la Nación sancionó en 2009, un año después que la provincia de Córdoba.

En este sentido hay que evaluar, más temprano que tarde, como impacta la reforma nacional en el sistema electoral provincial, que pasa con el voto de los extranjeros, como se realizará y se implementará el padrón unificado (sin distinción de sexo), las internas abiertas, simultáneas y obligatorias, autoridades de mesa y el financiamiento de los partidos políticos.

Hasta ahora la única respuesta que existe a este interrogante es que en algunos casos habrá que articular la ley provincial con la ley nacional y en otros habrá que aprovecharla.

Además de todo esto hay otras complicaciones no menos urgentes para resolver en cuanto la aplicación de la norma provincial como las penas que se le deberán imponer a los medios de comunicación que no cumplan con el tope establecido para la difusión de propaganda durante la campaña electoral.

Hasta aquí los innumerables inconvenientes que existen a nivel estructural para la aplicación de la reforma electoral, pero existen otros problemas, quizás más graves que los anteriores.

La sociedad desconoce casi en su totalidad dos cosas esenciales: como deberá proceder en la elección con la Boleta Única y donde deberá concurrir a emitir su sufragio ya que al estar unificado el padrón podría cambiar hasta el lugar habitual al que estaban concurriendo.

Pero esto aún no es todo. El Juzgado Electoral aún no cuenta con los fondos para llevar adelante la implementación de la nueva ley que ya debería haberse puesto en funcionamiento, al menos desde el proceso institucional necesario para garantizar la legitimidad del proceso electoral.

“No hay un peso en nuestras cuentas, no tenemos nada para poner en practica lo que dice esta ley” dijo Pérez Corti en aquella segunda reunión de la Comisión para la Reforma en febrero de este año.

Con todo esto el gobernador Juan Schiaretti puede seguir dos caminos. O pone en funcionamiento rápidamente todos los mecanismos necesarios para la implementación de la nueva ley, con tiempos acotadísimos o apela con un alto costo político, a dejar sin efecto los alcances de la reforma electoral.

Con los antecedentes recientes de las polémicas elecciones del año 2007, que amenazaron con la institucionalidad en la provincia que tuvo al borde del colapso y la crispación a toda una sociedad frente a su clase dirigente, parece increíble que a poco más de un año de realizarse los próximos comicios electorales existan solo interrogantes y dudas.