La UFI pidió ser querellante en la causa
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UFI), José Sbattella, solicitó ayer al juez federal Norberto Oyarbide que admita al organismo "como parte querellante" en la causa que investiga las actividades de una organización de tráfico de medicamentos, presuntamente encabezada por el empresario Néstor Lorenzo.
En su presentación al juez Oyarbide, que además tramita una causa conexa en el marco de la cual cumple prisión preventiva el sindicalista José Zanola, Sbattella manifestó que existen indicios sobre "la posible comisión de un presunto lavado de activos de origen ilícito, devenido de la ruta” de los fondos generados por la distribución ilegal de fármacos.
La UIF, organismo del Estado Nacional encargado de la prevención y lucha contra el blanqueo de activos de origen delictivo, requirió el rol de querellante en la causa que investiga las actividades de una asociación ilícita que habría vendido medicamentos ilegalmente a distintas obras sociales, a través de la Droguería San Javier y, entre otras, las empresas Multipharma y Congreso Salud.
Se presume que las maniobras consistieron en la distribución de remedios adulterados -la mayoría de los cuales eran prescriptos a pacientes oncológicos-, la venta de medicinas de entrega gratuita, el uso de troqueles falsos para justificar la trazabilidad de los productos y la emisión de facturas falsas.
La organización, que también habría intentado defraudar al Estado mediante la obtención de subsidios tramitados ante la Administración de Prestaciones Especiales del Ministerio de Salud, utilizaba un sistema financiero ilegal, lo que motiva el interés de la UIF en el caso.
Sbattella, patrocinado por los abogados Claudio Castelli y Juan Solari, recordó que la UIF está facultada para constituirse en querellante no sólo por la Ley 25.246, que reprime el encubrimiento y lavado de activos, sino también por las normas de representación judicial del Estado.
Argentina tipificó el delito de lavado de dinero a través de la ley 25.246, que castiga la transferencia, administración y venta de bienes provenientes de actividades ilegales.
"No se trata de acciones autónomas sino ligadas estrechamente al encubrimiento, ya que éstas consisten en dar apariencia de legalidad a los activos de origen ilícito", señala un comunicado de la UIF.